El apoyo a una ley integral de reconocimiento a los derechos de las personas transexuales ha concitado  este jueves el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, que han aprobado instar al ejecutivo autonómico a promover una norma en este sentido.

Defendida por la diputada socialista Lorena Canales, la iniciativa se basa en las peticiones que varias asociaciones de transexuales y de padres de niños transexuales realizaron a los grupos con el fin de lograr el fin de la discriminación que sufren muchas de estas personas y su visibilidad.

Así, en la proposición de ley se especifica que el texto normativo debe reconocer el derecho a la autodeterminación del género y la creación de un servicio exclusivo de atención a la transexualidad donde se promuevan políticas de visibilización, inserción laboral, circuitos de atención sanitaria, promoción de la salud, contra la transfobia y seguimiento de calidad de los servicios.

También que se considere a estas personas como un grupo en riesgo de exclusión social, garantizándose el acceso a los planes específicos y a políticas de discriminación positiva y que la transexualidad e intersexualidad se consideren parte de la diversidad del ser humano en el currículo de todos los ciclos educativos.

El texto deberá reconocer el derecho de transexuales menores de edad a poder desarrollar libremente su personalidad en los colegios, sin discriminación ni menoscabo de su derecho a la intimidad.

Además del derecho a recibir asistencia sanitaria específica, incluyendo el tratamiento hormonal y de reconstrucción genital y a utilizar el nombre y género con el que se identifican en su relación con las administraciones públicas aragonesas.

Las portavoces de los cinco grupos han mostrado su solidaridad, empatía y sensibilidad con los transexuales aragoneses, personas que muchas veces se ven sometidas a discriminación o que han sido consideradas enfermas.

Los grupos parlamentarios han coincidido en señalar que no habrá tiempo en esta legislatura de promulgar la ley, pero la popular Marián Orós ha asegurado que aunque la proposición es hoy día una "declaración de intenciones", debe ser una prioridad para las Cortes tras las próximas elecciones.

A su juicio, la ley debería ser fruto de una proposición de ley y debatirse en una ponencia parlamentaria con la participación de las asociaciones implicadas y de los profesionales de la psicología, la psiquiatría o la medicina.

Para Lorena Canales, existe una "realidad social" con estas personas que no puede seguir siendo invisible o un "tema tabú", cuando no fruto de discriminación o ataques, en tanto en cuanto, según sus datos, el 48 por ciento de los transexuales asegura haber sido objeto de violencia física o psíquica.

Según Patricia Luquin, de IU, es "lamentable" que se hayan perdido los cuatro años de esta legislatura, siendo que el asunto cuenta con tan amplio consenso.

"La igualdad no puede ser un privilegio en una sociedad democrática, y a estas personas se les han cercenado sus derechos de forma sistemática", ha lamentado.

La diputada de CHA Carmen Martínez ha recordado que hace diez años que no se habla de este asunto en las Cortes, y la última vez se hizo a iniciativa de su partido, y ha insistido en la necesidad de políticas educativas para acabar con la transfobia instalada entre muchos sectores.

Todas las portavoces han insistido también en la necesidad de atender especialmente a los menores, puesto que la transexualidad no aparece con la mayoría de edad, sino que se suele manifestar antes de los 16 años.

La proposición se ha aprobado contando con una enmienda del PAR con el objetivo de que la petición se traslade al Gobierno Central y a otras comunidades autónomas, teniendo en cuenta que la cartera de servicios sanitarios la fija el Ministerio de Sanidad.