La Intervención de la Diputación de Zaragoza ha ratificado en un informe sobre el año 2010 que las ayudas de Presidencia que los grupos políticos reparten entre ayuntamientos y entidades de todo tipo se otorgan a dedo sin ajustarse a la legislación. Aunque las convocatorias que regulan estas subvenciones establecen que deberían tramitarse en régimen de concurrencia competitiva –valorando cada solicitud en función de unos criterios fijados previamente–, la Intervención ha constatado que "no existe tal concurrencia competitiva, sino concesiones directas a través de un procedimiento no previsto en la ley".

El informe, que es contundente y detecta otras irregularidades, hace referencia a las ayudas de Presidencia del último año completo del socialista Javier Lambán como presidente de la DPZ. No obstante, el sistema actual de concesión es el mismo, por lo que sus principales conclusiones siguen siendo válidas. En los últimos ejercicios, la Diputación de Zaragoza ha otorgado ayudas de Presidencia por valor de unos 21 millones de euros.

Estas subvenciones se daban en la época en la que gobernaba Lambán y se siguen otorgando bajo el mandato del popular Luis María Beamonte. El PP, el PSOE, el PAR y CHA aceptan y mantienen esta práctica porque todos se benefician de ella, sobre todo cuando gobiernan. Solo IU, que no tiene alcaldes, está al margen y denuncia pleno tras pleno la discrecionalidad de esos fondos –de hecho, Izquierda Unida acaba de recurrir la convocatoria del año 2015 por la vía administrativa–.

En teoría, las ayudas de Presidencia están destinadas a fomentar las inversiones y las actividades de los ayuntamientos. Son complementarias al resto de programas de subvenciones de la DPZ, y su concesión debe estar fundada en la "singularidad, urgencia o excepcionalidad" de la solicitud. Además, las entidades sin ánimo de lucro –asociaciones, sindicatos, federaciones, clubes...– pueden beneficiarse de ellas si son para iniciativas que "incidan directa o indirectamente de forma positiva en los intereses públicos provinciales".

En realidad, estos requisitos sirven para disfrazar unas subvenciones que se reparten por cupos entre los grupos políticos en función del número y del tamaño de los municipios en los que gobiernan. Luego, son los partidos los que distribuyen ese dinero entre sus ayuntamientos y deciden qué entidades se benefician de él.El informe

Según se recoge en el informe definitivo de fiscalización de las ayudas de Presidencia de 2010, en ese ejercicio la Diputación de Zaragoza concedió subvenciones de este tipo por valor de 13,4 millones de euros. El documento, que se lleva al pleno de mañana y está firmado por el viceinterventor, refleja que en el 70,9% de los expedientes de ese ejercicio analizados se detectaron "irregularidades o deficiencias", si bien el porcentaje de infracciones que podían dar lugar al reintegro de la ayuda fue del 26,1%. Pese a todo, el informe considera que las cifras "representan un alto grado de incumplimiento de la normativa aplicable".

La conclusión más llamativa de la Intervención es que "el análisis" de las ayudas de Presidencia de 2010 "evidencia" que no existe concurrencia competitiva "sino concesiones directas a través de un procedimiento no previsto en la ley". El dictamen refuerza esta constatación destacando que "los créditos iniciales de la convocatoria se modifican alcanzando una cifra final que duplica la inicial" –cuestión que desde 2013 se intenta resolver incluyendo en la convocatoria una previsión del montante final–;que "se incumplen los plazos máximos de resolución"; que "no se explicita la prelación entre las solicitudes recibidas –no seexplica por qué se da prioridad a unas peticiones sobre las otras–;que "no se resuelven todas las peticiones"; que "las denegaciones son presuntas"; y que "no se explicitan los motivos por los que unos casos se concede el 100% de lo solicitado y en otros el 50% o menos".

Otra de las principales conclusiones del viceinterventor es que "el carácter complementario de la convocatoria (respecto al resto de planes de ayudas de la DPZ) queda parcialmente desvirtuado". "El carácter urgente de la actuación no conlleva una concesión rápida de la subvención acorde con esa urgencia", destaca el informe, que también subraya que, en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, al no haber otros planes de ayuda destinados a ellas, "se viene interpretando en la práctica que todas las actividades que desarrollan son singulares y por tanto susceptibles de obtener subvención".

El informe también pone de manifiesto que las ayudas de Presidencia no se publicitan como exige la Ley General de Subvenciones –solo se publica un pequeño extracto del decreto por el que se concede cada una de ellas–; que "a juicio del viceinterventor" en 2010 la Diputación de Zaragoza "carecía de competencia para la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales a entidades sin ánimo de lucro"; y que "una gran parte de los expedientes" se resolvieron el 30 de diciembre de 2010 "omitiendo la fiscalización plena de Intervención, lo que produce importantes disfunciones".