Parecía que quedaba lejos pero ya está aquí. Quedan apenas diez meses para que se cumpla el plazo dado por el Gobierno de Aragón hace siete años para que las explotaciones situadas cerca de los pueblos, en zonas no urbanizables, regularicen su actividad.

El 31 de diciembre de 2015, esas granjas –todas aquellas inscritas en los registros con anterioridad al 22 de diciembre de 1997– deberán estar dentro de la legalidad, es decir disponer de la perceptiva licencia municipal que acredita que cumplen las distancias mínimas exigidas tanto respecto al núcleo urbano como a otras explotaciones. Si no es así se enfrentan a su traslado a una ubicación más alejada o a un posible expediente abierto por el Ayuntamiento de su localidad que les obligue a echar el cierre.

No hay cifras oficiales sobre el número de explotaciones que están en riesgo. Y la percepción es muy distinta si la realidad la observa la administración o llega desde las organizaciones agrarias.

Desde el servicio de Recursos Ganaderos de la Diputación General de Aragón se asegura que "no serán muchas" porque el proceso ha sido muy largo y "la mayoría de las granjas están regularizadas". En el caso del sector porcino, el de mayor presencia y importancia económica de la comunidad, "el 100% de las instalaciones están fuera de los municipios y cumplen las distancias exigidas", señala el jefe de este servicio, Enrique Novales.

A los sindicatos agrarios no les parece una cuestión tan baladí. No tienen cifras concretas "porque es competencia de los municipios y no hay un registro conjunto", señalan desde UAGA. Pero están convencidos de que la normativa afecta a "muchas explotaciones", especialmente de ovino, que, en el mejor de los casos, se verán abocadas a disponer de una licencia "en precario" –así la denomina la normativa– con la que no podrán cambiar de titular ni realizar cambios o ampliaciones futuras. "Una licencia que les llevará al cese de actividad", sentencian las organizaciones agrarias.

Sea de un modo u otro, lo cierto es que la cuenta atrás ha comenzado para que las explotaciones ganaderas de Aragón se vayan de los pueblos.

El 26 de mayo de 2009 el Gobierno de Aragón aprobaba las nuevas directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas. Una normativa, en la que se trabajó durante cuatro años, que sustituía la legislación vigente durante los doce ejercicios anteriores y con la que se reconocía que el subsector ganadero constituye un "elemento clave" para el mantenimiento de la población en el medio rural aragonés, pero se advertía de la necesidad de establecer "medidas correctoras" dados "sus potenciales afecciones a los núcleos de población y al medio ambiente".

Este riesgo aconsejaba establecer "de forma precisa y ordenada la más racional localización de este tipo de instalaciones, de forma que sus afecciones al medio natural y a la población en general, sean las mínimas posibles", como reza el decreto en el que entonces participaron cuatro de las consejerías del Ejecutivo que presidía Marcelino Iglesias: de Agricultura, de Medio Ambiente, de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de Política Territorial.

Las nuevas directrices endurecían las distancias mínimas que debían –y deben– mantener las granjas entre ellas y respecto al núcleo urbano, teniendo en cuenta para ello tanto la especie ganadera, como la capacidad productiva e incluso la climatología y el tamaño del municipio. Se prohibió además la instalación de nuevos polígonos ganaderos y para los que ya existían se dictaron unas restrictivas normas en aras a garantizar la sanidad animal y la seguridad alimentaria. Y se estableció una fecha límite –31 de diciembre de 2015– con la que se adelantó en dos años el momento hasta el cual las granjas podrán permanecer en los pueblos o (demasiado) cerca de su casco urbano.

No hay cifras oficiales sobre cuántas explotaciones tienen todavía que cumplir con este trámite, pero están obligadas a hacerlo todas aquellas inscritas en el registro antes del 22 de diciembre de 1997 y que comenzaron su actividad legalmente sin licencia municipal activa. Éste es el permiso, "tramitado conforme a lo establecido en el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas" –como recoge el decreto–, que deben solicitar ahora los ganaderos en su correspondiente ayuntamiento, que será el que estime si la granja en cuestión cumple o no la normativa.

Consecuencias

Si la explotación cumple las exigencias, tendrá licencia. Si no se ajusta a los requisitos (especialmente en cuanto a distancias se refiere), el consistorio puede optar por declararla "explotación ganadera administrativa en precario" y otorgar una autorización de actividad también "en precario". Una fórmula que significa que la licencia tiene un carácter temporal, por lo que la granja no será transmisible a otro titular ni su actividad podrá ir más allá de la jubilación del propietario.

Podría darse el caso de que el ayuntamiento decidiera denegar la licencia municipal e imponer el traslado de la explotación, una decisión que deberá detallar también cuál es el plazo en el que dicho movimiento debe hacerse efectivo.

En el peor de los casos, si los titulares de las explotaciones en situación irregular no se han adecuado a las nuevas directrices antes de que comience el nuevo año, dichas granjas tendrán que cesar su actividad en dicho emplazamiento ya que el ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentran instaladas "vendrá obligado a decretar y hacer efectiva las clausura de la instalación", señala textualmente la norma.

Tanto desde la consejería de Agricultura como desde las organizaciones agrarias se asegura que el sector porcino "no tendrá grandes problemas". Esta ganadería, con un elevado porcentaje de producción en integración, ya se ha ido adecuando durante estos años a los requerimientos de las nuevas directrices. Tampoco lo tendrán, dicen desde el Gobierno, las explotaciones intensivas avícolas o cunícolas. Dónde se auguran los mayores inconvenientes es en el sector del vacuno y, muy especialmente, en el ovino. "Es un sector con una población muy envejecida. La mayoría de los titulares de las explotaciones supera los 55 años y quizá por eso como veían que quedaba muchos años por delante no han prestado mucha atención a esta obligación", señala Enrique Novales, jefe de los servicios ganaderos del Ejecutivo autonómico, que insiste en que ahora estos productores "tendrán que ponerse al día" y deja la responsabilidad de "tomar alguna decisión" en el tejado de los ayuntamientos.

Pese a todo, asegura con contundencia: "Desde luego el 1 de enero de 2016 no va a haber un cierre masivo de explotaciones".

Mientras, las organizaciones agrarias trabajan contra reloj y a ciegas. "No tenemos ninguna estadística oficial que refleje el número de granjas afectadas", reconoce Esther Pereda, de los servicios veterinarios de UAGA, que explica que el sindicato está trabajando en un estudio para conocer el impacto de estas directrices y sus posibles soluciones.

La representante de esta organización agraria lamenta "la escasa información" que se ha ofrecido a los ganaderos desde los ayuntamientos, las oficinas comarcales agrarias o la propia administración. Y se muestra convencida de que "muchos de ellos" ni siquiera son conscientes de que termina el plazo para regularizar su licencia de actividad.

Desde UAGA insisten en que deberían ser las administraciones las que den una solución a la situación de las explotaciones que en estos momentos no cumplen con las distancias mínimas. "Hay situaciones en las que la explotación ha quedado incluso integrada en el casco urbano porque ha sido el crecimiento urbanístico del municipio el que se ha acercado a la granja", destaca la técnico. Y advierte que "no es tan sencillo" que una explotación cambie de repente de emplazamiento, tanto porque supone un desembolso económico que no todos los ganaderos pueden realizar como porque no en todas las localidades hay suelo disponible para hacerlo.Flexibilidad

Tampoco Asaja dispone de datos oficiales con los que cuantificar el impacto de esta normativa, aunque el responsable de los servicios técnicos de la organización, Gerardo Torralba, reconoce que "en muchas ocasiones" los titulares de las instalaciones ganaderas que más próximas estaban a los cascos urbanos "estaban muy próximos a jubilarse" por lo que "no se prevén importantes problemas".

Donde la situación podría complicarse, dice Torralba, es en las explotaciones de vacuno situadas en los municipios de alta montaña. "Es estas localidades no hay mucho suelo disponible por lo que no resultaría fácil el traslado de las granjas", destaca el técnico de Asaja en Aragón, que explica que esta organización agraria espera que la normativa se aplique "sin excesiva rigidez sino con cierta flexibilidad". De hecho Torralba destaca que las directrices sobre las regulación de las explotaciones ganaderas vuelven a estar en proceso de modificación, por lo que Asaja ya presentó alegaciones en las que solicitaba una reducción de las distancias mínimas establecidas, al menos en aquellas zonas en las que los cambios de ubicación presenten mayores dificultades.

El técnico de Asaja recuerda además que esta organización agraria propuso crear la figura de "explotación ganadera familiar". Con este concepto se entendería, explica Torralba, que si, por ejemplo, un hijo invierte en una granja cerca de la de su padre no tenga que cumplir la distancia mínima y además se considere como una única explotación aunque se encuentre en dos emplazamientos distintos. Esta iniciativa, que el representante de la organización agraria reconoce que no tuvo eco, favorecería la inversión pero, sobre todo, el relevo generacional tan necesario en la ganadería extensiva.

Las organizaciones agrarias muestran cierta inquietud porque la concesión o no de las licencias depende de cada ayuntamiento en particular y "ya sabe que unos son más sensibles que otros en esto de la defensa de la ganadería", señala Torralba. En este sentido, la representante de los servicios veterinarios lamenta que ya se han dado casos en los que los consistorios "están poniendo muchos problemas" para conceder estas licencias. Sucede por ejemplo, destaca, en el término municipal de la capital aragonesa.

Aun reconociendo que puede haber algunos efectos colaterales, el jefe de los servicios ganaderos de la DGA defiende la conveniencia de esta normativa que ha permitido, explica Novales, que los sectores ganaderos tuvieran un crecimiento ordenado, regulado y sobre todo, con las actuaciones necesarias para garantizar su sanidad. Una decisión que ha sido especialmente decisiva, explica, en la evolución al alza del sector porcino, cuya importancia económica, social y laboral, "no nos permitía tomar medidas arbitrarias que pudieran perjudicarle".

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