El Plan Impulso no pasa el examen

Nació en 2013 como un ambicioso plan para reactivar la economía, generar empleo (la Encuesta de Población Activa arrojaba datos pésimos para Aragón en el primer trimestre) y mejorar el gasto social (las movilizaciones por los recortes eran constantes ese año). Para conseguirlo se articularon 35 medidas que sumaban 150 millones de euros y que se vendieron a bombo y platillo por los presidentes de los dos partidos que sustentan el Gobierno de Aragón, la popular Luisa Fernanda Rudi y el aragonesista José Ángel Biel. Era el proyecto estrella del año, una inyección económica conseguida después de que el Ministerio de Hacienda flexibilizara el objetivo de déficit y permitiera a la DGA endeudarse en 190 millones de euros más. El Ejecutivo volcó todos sus esfuerzos en vender los beneficios de esta iniciativa política durante todo 2013. Dos años después, el informe provisional de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del Gobierno de Rudi durante los años 2012 y 2013 pone en jaque el plan: solo se ejecutó el 62,2% y se destinaron 73,3 millones a pagar nóminas de médicos y profesores. También detecta una posible ilegalidad por el destino a gasto corriente de los recursos obtenidos a través del endeudamiento.

Estas son algunas de las afirmaciones del órgano fiscalizador que desmontan el proyecto estrella de Rudi. El Gobierno todavía tiene plazo para alegar y rebatir estos argumentos confeccionados a partir de datos oficiales de la Dirección General de Presupuestos.

La DGA distribuyó un dosier del plan con 35 medidas que sumaban 150 millones.

La Cámara de Cuentas revela que cinco no se impulsaron y se crearon dos nuevas.

El Gobierno de Aragón vendió un Plan Impulso que constaba de 35 líneas de actuación destinadas al estímulo empresarial, al empleo y social y que sumaban 150 millones. La ley que daba cobertura a este programa permitía endeudarse en 190 millones (los 40 restantes se iban a destinar a un fondo de empleo y a otro de inclusión social y ayuda familiar urgente). Según el informe provisional de la Cámara de Cuentas, la DGA redistribuyó los créditos asignados a cada medida (no se cumplió la previsión inicial) y creó dos nuevas líneas no previstas (6,6 millones para seguros agrarios y 1,47 para actuaciones del Instituto Aragonés del Agua en zonas rurales). Además, cinco iniciativas no se llegaron a impulsar (el ‘show room’ empresarial, la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, el proyecto de banda ancha, la rehabilitación de edificios históricos y las medidas de apoyo al Plan de Vivienda Social). Sumaban un total de 9,8 millones que se destinaron a otros fines diferentes a los planteados.

El Ejecutivo defiende una ejecución del cien por cien

de su proyecto estrella.

La Cámara detecta que solo se gastó el 62,2% y se destinaron 73,3 millones a nóminas

La DGA negó que se dieran instrucciones internas para no ejecutar al cien por cien los créditos disponibles y aseguró que se iba a gastar el cien por cien de este proyecto. La Cámara de Cuentas cifró la ejecución en el 62,4% (91,7 millones) y advirtió de que 78,57 millones se dedicaron a cuestiones que no tienen nada que ver con el Plan Impulso. En concreto, 73,3 fueron a pagar nóminas de médicos y profesores. Además, reveló que el importe real del proyecto no llegó a los 150 millones sino que se quedó en 147 (hubo 43 millones sin asignar hasta los 190 de endeudamiento que se autorizaron). Este importe más los remanentes que se generaron sirvieron para aumentar partidas del presupuesto infradotadas. De las 35 medidas, un total de 17 se ejecutaron por debajo del 50%.

El Gobierno de Rudi asegura que se crearon 4.000 empleos directos, la mitad fijos.

La Cámara advierte de que no se puede comprobar el cumplimiento de objetivos.

La coalición PP-PAR cifró en 4.200 los empleos directos generados y 11.000 indirectos con el Plan Impulso, la mitad fijos. En este sentido, vendió como dos de los objetivos reactivar la economía y generar empleo. Cuantificó en 2.180 las intervenciones quirúrgicas desarrolladas gracias a este plan para paliar la lista de espera y en 2.350 las viviendas beneficiadas por las ayudas para la rehabilitación. El informe provisional de la Cámara de Cuentas insiste en que casi en su totalidad los créditos se utilizaron para atender gastos de naturaleza ordinaria y recurrente, que habían sido dotados de forma insuficiente en el presupuesto de 2013. Además, pese a los datos ofrecidos, señala la ausencia de documentos que justifiquen el cumplimiento de los objetivos previstos y la ejecución.

La coalición afirma que el Plan Impulso mejorará la protección social de los más vulnerables.

La Cámara evidencia que se dejó de gastar el 25% de las partidas sociales previstas.

Uno de los pilares de este plan se sustentaba en la mejora de la protección social. Se vendió un gasto de 40,4 millones, pero finalmente se quedaron sin gastar 10,3. El caso más llamativo es el del Ingreso Aragonés de Inserción. Pese al aumento de la demanda y la tardanza en resolver los expedientes, el Gobierno de Rudi solo ejecutó 1,5 de los 4 millones previstos. Los 2,5 millones para plazas de residencias concertadas para discapacitados se quedaron en 138.000 euros y los 2,7 millones para el plan de vivienda social ni siquiera se tocaron. Sí registraron una ejecución alta los planes de inserción laboral y los fondos destinados a entidades de inclusión social, entre otras.

El Gobierno de Rudi dice que se cumple la ley y que no se destinó deuda a gasto corriente.

La Cámara cifra en 137,1 millones los gastos corrientes que se pagaron con endeudamiento.

Durante su tramitación en las Cortes, ya se alertó del posible incumplimiento de la ley que daba cobertura al Plan Impulso y que permitía al Gobierno de Aragón endeudarse en 190 millones más. El Ejecutivo se defendió asegurando que se debía hablar del endeudamiento "en su conjunto en 2013" y que había que esperar a la liquidación para comprobar que el endeudamiento global se correspondía con los gastos en inversión. El informe provisional de la Cámara considera que el Ejecutivo dedicó 137,18 millones a pagar gastos de naturaleza corriente (nóminas, IAI... ) y advierte de que esta operación va en contra de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, contra el Estatuto y contra la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estas normas establecen que los recursos obtenidos por endeudamiento solo se pueden destinar a gastos de inversión.