El Ministerio de Medio Ambiente todavía no ha fijado la fecha para la firma del convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón en el que se deben concretar las actuaciones que ejecutarán en este ejercicio ambas administraciones para descontaminar las antiguas instalaciones de Inquinosa y el río Gállego, afectados por los residuos de lindano acumulados durante décadas por la química en Sabiñánigo.

Este convenio y Medio y los que se deberán suscribir en los próximos años son consecuencia del protocolo acordado el pasado mes de diciembre entre el Gobierno central y el autonómico para fijar las líneas básicas de colaboración que permitan resolver lo que en el documento se califica como "un problema de gestión ambiental de primerísimo orden, probablemente el más importante que existe actualmente en el Estado". Tanto, que en los últimos meses, se recuerda, ha producido afecciones en el abastecimiento de agua, al tenerse que prohibir el consumo en casi una decena de pueblos que beben del Gállego por los elevados niveles de pesticida en el río a raíz del traslado de residuos del viejo vertedero de Bailín a la nueva celda de seguridad.

Dicho protocolo, que el BOA publicó la pasada semana, fue firmado el 3 de diciembre por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y el consejero aragonés del ramo, Modesto Lobón. En él se fija la distribución de las actuaciones contempladas en el acuerdo, de forma que el Ministerio será el encargado de las investigaciones, estudios sobre descontaminación y recuperación de suelos y sedimentos "que puedan tener especial afección sobre las aguas subterráneas o superficiales".

También se le atribuye la colaboración para remediar la afección a recursos hídricos subterráneos por vertidos y filtraciones procedentes de actuaciones industriales, en este caso, de Inquinosa, que operó en Sabiñánigo desde 1975 hasta inicios de los 90.

Igualmente, el Gobierno central se compromete a realizar los estudios necesarios para definir las actuaciones "conducentes a la descontaminación del río Gállego", así como a prestar apoyo técnico en materia de residuos y suelos contaminados y a redactar y ejecutar los proyectos de abastecimiento alternativo para los municipios de la zona afectada.

A este respecto, el Ejecutivo aragonés ultima un estudio que enviará a Madrid y en el que se recogen las alternativas más adecuadas técnicamente para dotar a más de una docena de pueblos de nuevas tomas de agua, que tiene que pagar el Gobierno central.

Dentro del protocolo, a Aragón se le asignan las funciones de seguimiento y control de los vertederos de Bailín y Sardas –que ya realiza–, además de ejecutar los trabajos necesarios para "alcanzar una solución" a las afecciones provocadas en el Gállego (y en sus embalses) por el lindano presente en los citados recintos. La DGA también deberá descontaminar la fábrica de Inquinosa, ante la falta de respuesta de la propiedad.

En todo caso, para llevar a cabo todas estas actuaciones habrá que firmar convenios anuales específicos, cuyo desarrollo será supervisado por una comisión mixta de seguimiento. Esta se reunirá "al menos una vez al semestre y, en su caso, cuando una de las dos partes lo solicite", según estipula el protocolo general.

Este estará vigente "hasta la finalización de las actuaciones previstas", aunque como mínimo se fija un plazo de cuatro años "prorrogables por otros cuatro". De cualquier forma, se estima que la descontaminación puede tardar décadas en completarse.

Además, el documento emplaza tanto al Ministerio como a la DGA a "estudiar las posibilidades de incorporar financiación europea" para este complejo plan. Aragón ya ha pedido a Bruselas 16 millones de euros procedentes del programa Feder de desarrollo regional para el periodo 2014-2020.

En la firma de este protocolo, el Ministerio se comprometió a aportar este año 4,8 millones y los 6,6 de la traída de agua de Yesa a Villanueva, ya licitada. Aragón pondrá 7 millones, que ya está ejecutando en obras de emergencia en Bailín.