El Consejo Consultivo de Aragón confirma la anulación de los decretos y resoluciones que firmó el exalcalde de Mallén, Antonio Asín, durante los dos meses en los que siguió aferrado al cargo pese a que su condena a siete años de inhabilitación le hacía incurrir en causa de incompatibilidad, tanto como alcalde como diputado provincial. La sentencia fue emitida por la Audiencia Provincial por un delito de prevaricación hace ahora un año.

El dictamen, de finales de enero, coincide en su mayor parte con la propuesta de resolución que ya adoptó el Ayuntamiento de Mallén el pasado verano, que acabó por entrar en razón tras la negativa inicial del equipo de gobierno socialista a asumir el fallo judicial y los informes de reparo que fue acumulando de la secretaria-interventora, de la delegación del Gobierno y de la Consejería de Política Territorial: anuló los decretos y resoluciones firmados entre la fecha de notificación de la sentencia, el 27 de febrero de 2014, y en la que cesó como alcalde, el 24 de abril.

En la lista del Consejo Consultivo constan 17 resoluciones firmadas por Asín, que van desde la constitución de una bolsa de trabajo para operarios, pasando por la autorización de un parque eólico y la aprobación de un proyecto de reparcelación, hasta la contratación de varias obras que suman 404.977 euros. Las actuaciones municipales fueron financiadas por las arcas de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), salvo una pequeña intervención en un paseo que contó con fondos Feader de la Unión Europea.

Lo que hizo el Ayuntamiento a partir del pasado mes de agosto fue una revisión de oficio, de modo que anuló los decretos firmados por el exalcalde tras la sentencia y los volvió a aprobar "con efectos retroactivos" sin llegar a modificar las decisiones tomadas en su día. Todo el proceso tuvo su preceptivo trámite de información pública y se dio audiencia a los interesados antes de rematarlo con la propuesta de resolución, el pasado mes de diciembre.

El sucesor de Asín al frente de la Alcaldía, Pedro Luis Lalaguna, confía en que la DPZ no reclame ahora el dinero, porque los expedientes de contratación están debidamente justificados y lo único que se ha puesto en entredicho es la resolución de Antonio Asín. "Estamos convencidos de que en la Diputación no van a poner el grito en el cielo", añadió.

Lalaguna aseguró ayer a este diario que ninguno de los afectados por los decretos anulados han llegado a presentar indemnizaciones patrimoniales, como advierte en su dictamen el órgano asesor del Gobierno de Aragón.

El Consejo Consultivo argumenta que aquellos asuntos relativos a la "gestión ordinaria" municipal que resolvió Asín, como el pago de las nóminas, facturas por servicios debidos o certificados de empadronamiento, se debían dejar tal cual. "No tiene ningún sentido jurídico declarar la nulidad de un certificado de empadronamiento, por ejemplo, que debería ir seguida de la emisión de un acto administrativo mediante el que se sustituiría, retroactivamente, el acto declarado nulo y que, además, deberá ser notificado al particular", explica antes de citar el "desasosiego" y las molestias que provocaría entre los afectados, además de la carga de trabajo para la plantilla municipal.

Para justificarlo, el dictamen señala que para este tipo de actuaciones municipales existen "poderosas y suficientes" razones jurídicas para no proceder a la declaración de nulidad. Así, señala que "padecerían" los derechos de los particulares y las leyes que consagran el principio de la eficacia administrativa. "La carga adicional de trabajo que recaería sobre los servicios municipales [...] sería ardua con afectación más que posible del resto de las actividades municipales a cumplir", sentencia.