Guardianes del ciudadano

En el despacho de Antonio Laguarta, presidente de la Cámara de Cuentas, dos cuadros destacan sobre todo lo demás, el de la Europa de 1500 situado bajo el de sus reyes y reinos. En ellos, de un vistazo, aparece Aragón en su esplendor, cuando en su organización ya convivían dos instituciones que también entonces generaban polémica y que hoy son esenciales para el mantenimiento de la democracia: el Justicia y la Cámara de Cuentas. Antonio Laguarta cuenta que el precedente histórico del órgano fiscalizador de las cuentas públicas en Aragón fue la figura del Maestre Racional, introducida por Pedro II en 1283 y afianzada por Jaime II en 1293. Fernando García Vicente, el Justicia, recuerda que se remonta hasta el siglo XII y que "la leyenda cuenta que en Aragón hubo antes Justicias que reyes. Una figura que cuando empieza el sistema democrático es una referencia en el mundo. En la Revolución Francesa, Voltaire traduce el juramento;en Estados Unidos, cuando se reúnen en Filadelfia los padres de la Constitución, Dickinson cita al Justicia como un ejemplo de poder fraccionado; y también en el preámbulo de la Cádiz".

Cámara de Cuentas y Justicia de Aragón son dos organismos siempre en boca de los políticos, polémicos y molestos porque sacan las debilidades de la administración. Ambos estaban previstos en el Estatuto de Autonomía, aunque la Cámara de Cuentas no echó a nadar hasta 2009, mientras que el Justicia funciona desde 1987, y ambos dependen de las Cortes de Aragón y sus cabezas son elegidas por consenso político. Los dos, también, están en el punto de mira del Informe CORA de reforma de la Administración que invita a suprimir duplicidades, en sus casos por el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Pero, como ellos mismos indican, abrir delegaciones de esas instituciones supondría más dinero y serían menos eficaces porque no llegarían al corazón de los problemas y se perdería la esencia misma de la institución.

Fiscalizadores

El órgano fiscalizador de la gestión pública en Aragón, y que a su vez es fiscalizado por el Tribunal de Cuentas del Estado, vive estos días instalado en todos los titulares por la presentacion de las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza, que, como sucedió con las del Gobierno autónomo, no terminan de encajar con la opinión de ambas instituciones; o con las del Ayuntamiento de Sos, por ejemplo. "Nosotros somos un estorbo –dice Laguarta–. Había que ponernos y piensan que estamos para sacarles faltas. Pero no emitimos juicios de valor, ni especulaciones ni cábalas, decimos solo lo que estamos seguros al cien por cien; y se lo decimos a las Cortes para que sean ellas quienes hagan el juicio político". Y basan su seguridad en el análisis minucioso de las cuentas de todos los organismos autónomos, entidades públicas, fundaciones, consorcios, empresas con una participación mayoritaria del Gobierno autónomo, y la televisión autonómica. Un complejo conglomerado que constituye el sector público aragonés y que la Cámara revisa cómo gasta y cómo obtiene el dinero; que las cuentas estén bien hechas y que sean legales.

Con un presupuesto de 3 millones de euros, 30 personas, 18 de ellos auditores, componen la plantilla de un organismo al que le falta tiempo y personal para llegar a todo lo que desearían. "Nosotros proponemos un programa de trabajo que presentamos a las Cortes, que siempre incluyen las cuentas de la Comunidad Autónoma, las corporaciones locales (ayuntamientos, comarcas, diputaciones provinciales, mancomunidades...) y determinados organismos, y ellas, además, nos

presentan sus peticiones. Este año, por ejemplo, auditaremos las cuentas electorales, de Casar,Plaza, Aramón, Expo Empresarial, Zaragoza Alta Velocidad, Ciudad del Motor, la Universidad de Zaragoza...", y confían en haber auditado en profundidad todos los entes, organismos, empresas... públicas en 4 o 5 años. Siempre miran la contratación, subvenciones, endeudamiento, morosidad y equilibrio presupuestario, zonas ‘de riesgo’ donde puede aparecer disfunciones o irregularidades, por ello analizan todos los contratos y cruzan datos. A pesar de que hay obligación de darlos, no todos los envían "y creemos, dice Laguarta, que es un agravio comparativo con el resto y del que podemos decir que no ha hecho bien las cosas, por eso pedimos poder establecer por ley sanciones para quien no lo haga, como la inspección de Hacienda".

El mediador

El Justicia sí puede sancionar, pero no lo hace, "porque esta institución tiene vocación de mediadora, porque colabora con los ciudadanos y la Administración poniendo de manifiesto las cosas que funcionan mal antes de que se enquisten", asegura Fernando García Vicente, tercer Justicia democrático y en el cargo desde hace 16 años y que explica que "somos la voz de los ciudadanos, porque vienen cuando no les escuchan en la Administración". Cuenta que la gente les ve como "los solucionadores" y que recibe personalmente a todo aquel que lo solicita, "incluso me paran por la calle y me cuentan sus cosas. Lo más importante es escuchar, porque muchas veces les solucionas sus problemas sobre la marcha".

"Nosotros sí opinamos, y hacemos algo parecido a lo que hace una sentencia, reflejamos la queja del ciudadano, lo que nos contesta la Administración y luego razonamos y llegamos a una conclusión; y puede que le expliquemos que no tiene razón, porque a veces nadie se lo ha explicado y le haces una favor, y otras hacemos una sugerencia o recomendación a la Administración". El 70% de las quejas son presenciales en la misma sede, o en las visitas que el Justicia hace por todo Aragón, pero pueden llegar por cualquier vía, carta, correo electrónico... y en su mayor parte son recurrentes y referidas a la Sanidad, Educación, el IBI, los ruidos en la calle... "El gobierno nunca rectifica cuando se lo dice la oposición –dice el Justicia–, es una cuestión de principios, pero muchas veces lo hace cuando es una institución que es independiente y que actúa en positivo. Es verdad que al planteárselo se cansan y te hacen menos caso y te dejan de contestar, pero en general te responden. Hemos hecho 450 sugerencias en temas tan controvertidos como Educación, donde el 80% nos las han admitido, aunque donde menos nos responden es en asuntos de urbanismo porque los pequeños municipios los hacen una cuestión personal, porque hay a veces intereses personales".

Y explica que gracias a su mediación se evita en muchas ocasiones ir a los tribuales y se ahorra gastos el contribuyente. También, que "hay unas líneas rojas que no se pueden traspasar, porque todo el mundo tiene derecho a una educación, a asistencia sanitaria; nadie puede dormir debajo de un puente y ni puede pasar hambre", y asegura que suelen hacer visitas a residencias y colegios y hacen seguimiento de los casos más complejos y que pueden acabar en la justicia. Con un presupuestos de 2 millones de euros, indica que no han pedido nada los tres últimos años más complicados, "gracias a los que ahorramos los trece anteriores".