No irán a prisión, pero Gregorio G. M. y Samuel R. R. deberán abonar sendas multas de 150 euros por participar en el altercado que se produjo en el campus universitario de la plaza de San Francisco durante la última huelga general de la enseñanza, el 24 de octubre de 2013. La Fiscalía les imputaba un delito de desobediencia e iba a pedir que ambos fueran condenados a siete meses de prisión. Sin embargo, un acuerdo con las defensa –a cargo de las letradas Violeta Barba y Altamira Guelbenzu– previo al juicio permitió a los acusados obtener una condena mucho menos severa.Porque al reconocer los hechos, el ministerio público aceptó convertir el delito en falta y cambiar la pena de cárcel por multa.

Los arrestos se produjeron poco antes de las diez de la mañana, cuando la Policía Nacional trataba de disolver un piquete ubicado junto al acceso al campus por la biblioteca María Moliner. Fue el propio rector, Manuel López, quien autorizó la intervención policial al constatar que un grupo de jóvenes estaba impidiendo pasar a los estudiantes que pretendían asistir a clase.Decisión que no estuvo exenta de polémica, puesto que son contadas las ocasiones en las que las fuerzas de seguridad han sido requeridas para intervenir en el recinto universitario.

Una vez dentro del campus, los agentes procedieron a identificar a las personas que integraban el piquete. Según la Fiscalía, fue entonces cuando estos dos jóvenes ofrecieron resistencia a la Policía y acabaron arrestados. Al reconocer ayer los acusados los hechos, el juicio apenas duró unos minutos. Y ni siquiera fue necesario llamar a declarar a ningún testigo, entre los que se incluía el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Fernando Zulaica. En su día, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, llegó a reprochar a Zulaica su actitud "completamente hostil con la fuerzas de seguridad". De hecho, le acusó de "hostigar" a los manifestantes contra los agentes cuando procedían a detener a los dos jóvenes.

La decisión del rector de llamar a la Policía levantó ampollas en diferentes sectores de la comunidad educativa, hasta el punto de que se llegó a pedir la dimisión de López y su equipo. Las mayores críticas surgieron del Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón (Cepa), que acusó al rector de permitir la entrada de la Policía "en un momento en el que no había ninguna tensión".