La Cámara de Cuentas acaba de advertir en su informe definitivo de fiscalización del ejercicio 2011 en el Ayuntamiento de Zaragoza que los desfases detectados en la contabilidad pueden tener consecuencias. Es más, recuerda que aquellos cargos públicos que hubieran permitido que en ese año se gastara más de lo permitido podrían tener que asumir responsabilidades personales. En concreto, informa de que desembolsaron 115,9 millones más de los presupuestados.

Este es uno de los aspectos más destacados que figuran en el dictamen definitivo del organismo fiscalizador sobre la gestión económica municipal de 2011, en el que se han detectado irregularidades de todo tipo. De hecho, en el documento provisional que se hizo público en abril no estaba recogida la cuestión de la responsabilidad personal.

Los auditores aluden a este asunto en el apartado en el que se analizan los gastos en bienes corrientes y servicios. En 2011 el volumen de gasto autorizado alcanzó los 268,6 millones de euros. Frente a esta cifra, el Consistorio gastó 384,5 millones, es decir, 115,9 de más. La desviación fue del 43%.

Los auditores concluyen que esta situación es "una manifiesta violación del precepto legal contenido en el artículo 173.5 de la Ley de Haciendas Locales". En ese artículo se dispone que "no podrán adquirirse compromisos de gastos por una cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastosdel presupuesto". La citada normativa incluye que serán "nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a las que haya lugar". Para la Cámara de Cuentas, la "consiguiente nulidad de pleno derecho de los acuerdos y actos administrativos adoptados sin crédito presupuestario suficiente no implica que el Ayuntamiento no deba de afrontar el gasto correspondiente a través de una responsabilidad patrimonial". En este sentido, continúa el organismo fiscalizador, "procede resarcir por los bienes y servicios efectivamente recibidos y prestados".

Pero va más allá. El organismo fiscalizador avisa de que pagar "no exime de la responsabilidad personal" a la que se refiere el artículo 188 de la Ley de Haciendas Locales. ¿Y qué dice ese artículo? Según la citada norma?tiva, "los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso, y los interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia, serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente".

Según fuentes jurídicas, el informe ahora se tiene que remitir al Tribunal de Cuentas y será la fiscalía de este organismo la que determine si existe responsabilidad personal y hasta dónde llega, una vez analizada la naturaleza de los gastos. Puede optar por sobreseer, plantear una responsabilidad contable por alcance o derivar la cuestión a la jurisdicción contencioso administrativa o incluso a la penal, en el caso de que se hubiese podido producir un delito de prevaricación o malversación.

En el capítulo de gasto corriente, la Cámara de Cuentas advierte además de que existen gastos imputados al presupuesto de 2011 por 62,2 millones de euros, "sin que conste la existencia de reconocimiento extrajudicial de créditos" que exige la normativa. Además, considera que hay facturas que no se han imputado al presupuesto por valor de 138,6 millones de euros (121, de 2011 y 17,4 de 2010 y ejercicios anteriores).

Añade el organismo fiscalizador que 115 millones fueron contabilizados "indebidamente" en la cuenta de las ‘facturas en los cajones’. Otros 8,4 millones vinculados a la depuradora también fueron contabilizados incorrectamente y finalmente 15,1 millones "no han sido objeto de contabilización alguna".

Respecto a este asunto, el Ayuntamiento sostiene en un documento de respuesta al informe de fiscalización que el capítulo de gasto corriente "es un buen ejemplo de la decisión de la Cámara de Cuentas como criterio para la elaboración del informe definitivo: ‘Mantenella y no enmendalla’". "Se niegan a entender la diferencia que existe entre la prestación de un servicio que ha sido facturado y la existencia de un acto administrativo que reconozca la obligación", añade el Consistorio.

Según los técnicos municipales, los citados actos administrativos "en ningún caso se han producido sin que existiera la cobertura presupuestaria suficiente y adecuada". Para el Ayuntamiento, de seguir el criterio de la Cámara el presupuesto se habría liquidado con 115 millones de más.