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La Cámara de Cuentas dice que el Ayuntamiento incumplió la ley al aplazar pagos de la depuradora

El organismo fiscalizador concluye en su informe definitivo que el acuerdo con la concesionaria fue nulo de pleno derecho

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas de la gestión económica del Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2011 ha incorporado una novedad respecto a las conclusiones del documento provisional. El controvertido aplazamiento de pagos de la depuradora, que supuso la ampliación del plazo de concesión durante seis años más (hasta 2014) es "nulo de pleno derecho", según el organismo fiscalizador. El gobierno municipal socialista rechazó ayer las tesis de los auditores y, además de recordar que la depuradora ya está pagada, indicó que la operación no era solo un aplazamiento de pagos sin más, sino que incluía la ejecución de nuevas inversiones.

La gestión de la depuradora es una de las más cuestionadas por la Cámara de Cuentas. A lo ya criticado en el informe original ahora se añaden las referencias al aplazamiento de pagos, que se acordó en marzo de 2011. El gobierno de Juan Alberto Belloch, ante sus problemas de liquidez, acordó retrasar cuotas de la depuradora para liberar fondos en 2011 y 2012 para atender gastos urgentes, especialmente la luz (existía el temor de un corte de suministro a dos meses de las elecciones).

Gracias al aplazamiento la empresa logró ampliar el periodo de concesión de 2018 a 2024 y se comprometió a ejecutar una serie de inversiones en la planta de la Cartuja, como mejoras ambientales. Por ejemplo, se comprometió a reducir un 20% el consumo energético en las instalaciones. Los pagos aplazados se abonaron en 2013, cuando la depuradora quedó completamente amortizada tras una operación de endeudamiento de Ecociudad Zaragoza.

Pero la Cámara es contundente. En primer lugar recuerda que esa modificación del contrato debería haberse comunicado al organismo fiscalizador, por lo que considera que no atendió sus obligaciones. Sin embargo, más grave es el incumplimiento de la ley que fijaba las medidas de lucha contra la morosidad.

El organismo fiscalizador recuerda que la citada normativa, del año 2010, suprime la posibilidad de pacto entre las partes para alargar los plazos de pago. "El acuerdo en cuestión en lo relativo al aplazamiento del pago ha de ser calificado como nulo de pleno derecho por ser contrario a la legislación", afirma. El informe indica que el aplazamiento de pagos contrario a la ley alcanzó un importe de 9 millones de euros.

El Ayuntamiento rechaza el criterio de la Cámara de Cuentas. "Respecto a la cuestión de los aplazamiento del pago (...), entendemos que la Cámara no ha analizado la operación en su conjunto, ya que los mismos estaban incluidos junto con nuevas inversiones, en la ampliación del plazo de la concesión desde 2018 hasta 2014, por lo que no se trata de un mero aplazamiento sin más". En un informe facilitado a este diario, considera que "estaban bien contabilizados".

La deuda pendiente

El informe de la Cámara de Cuentas mantiene sus reparos a otros aspectos vinculados a la gestión de la depuradora ya expresados en el informe provisional de abril. Se trata de la cuestión de la deuda. Según el organismo fiscalizador, el Ayuntamiento de Zaragoza no computó la deuda que en momento del informe tenía la depuradora con las entidades financieras, vinculada a la construcción de la planta. En concreto, la deuda en ese momento era de 15,4 millones de euros, de los que 10,5 eran a corto plazo y 4,9 a largo.

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