Las solicitudes de segundas opiniones médicas aumentan un 25%este año
Los pacientes de la Comunidad han pedido 103 diagnósticos de contraste clínico en este 2014
Este derecho ha sido ejercido por más de 400 aragoneses desde 2010, cuando se publicó el decreto que lo desarrolla
Desde el área de Calidad y Atención al Usuario del Gobierno de Aragón, su directora general, Lourdes Rubio, explica que este derecho es ejercido por aquellos pacientes que quieren "abrir expectativas" al tratamiento médico que se les ha recomendado o desean tener una "mayor firmeza" en el diagnóstico realizado por su médico. En opinión de Rubio, hay que descartar que la solicitud de una segunda opinión médica conlleve siempre una desconfianza del paciente para con su médico o para la propuesta terapéutica que este le plantea: "Nuestra experiencia es que se solicita para una mayor tranquilidad del enfermo apunta, para ver si existen otras posibilidades".
Para Rubio, lo más importante es que los aragoneses conozcan que esta posibilidad existe, "que se tiene ese derecho", recuerda. Y que se sepa que para los casos de salud más graves, para los diagnósticos que nadie querría escuchar, se puede solicitar un segundo informe médico que nos dé confianza. Según los datos facilitados por esta dirección general, la gran mayoría de estas segundas opiniones son coincidentes con la primera, por lo que tal y como queda regulado en el decreto, el paciente sigue su tratamiento en el centro hospitalario en que estaba en principio. Para los casos en los que la segunda opinión no es coincidente, es el enfermo el que tiene la posibilidad de elegir entre quedarse en su hospital o solicitar ser tratado en el segundo, del que proviene la segunda opinión médica.
De todas las peticiones aceptadas, el 85% de ellas se están resolviendo con los recursos del propio Sistema de Salud de Aragón, es decir que la gran mayoría de las segundas opiniones médicas se están solicitando a hospitales aragoneses. El resto de las solicitudes se envían a los centros de San Juan de Dios (en Barcelona) y Marqués de Valdecilla (en Santander) con los que la Dirección General de Planificación y Aseguramiento tiene convenios de colaboración.
La primera comunidad que reguló este derecho fue Navarra, que lo hizo en 1998. Andalucía publicó su decreto en 2003, Extremadura lo hizo en 2004, Castilla y León, País Vasco y otras autonomías lo regularon en 2008 y Aragón lo hizo en 2010. La solicitud de la segunda opinión puede hacerse ya desde el portal de Salud Informa.