Apenas tres días. Ese es el exiguo plazo que dio el Gobierno de Aragón a los ayuntamientos aragoneses para preparar y presentar la documentación requerida para optar a nuevas ayudas de rehabilitación de conjuntos urbanos, los denominados ARIS y ARUS. El resultado es que algunos municipios no han tenido margen de maniobra y se han visto obligados, de facto, a renunciar a la posibilidad de obtener subvenciones cofinanciadas por la DGA y el Estado a cargo del nuevo plan estatal de vivienda. El convenio suscrito entre el Ejecutivo autonómico y el central incluye 3,06 millones de euros para este concepto, aunque pueden ser ampliables en el futuro.

Así le ha sucedido, por ejemplo, al Ayuntamiento de Ejea, que ya había mostrado en septiembre su interés por continuar avanzando en la recuperación del casco antiguo de la localidad, un proyecto que obtuvo financiación en el anterior plan. Su alcaldesa recibió la comunicación del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Transportes de la DGA el pasado 26 de noviembre y en ella se le informaba de que debía presentar toda la documentación antes de las diez de la mañana del 1 de diciembre.

Para poder solicitar las ayudas, los municipios tenían que aportar una documentación muy extensa y detallada. "Si no se cuenta con información privilegiada y de antemano, es un plazo inasumible", lamenta la alcaldesa de Ejea, la socialista Teresa Ladrero. En su opinión, el Ejecutivo autonómico se ha limitado "a cubrir el expediente" mandando la carta a todos los ayuntamientos y ha creado "un agravio comparativo" entre municipios ya que "unos sí contarán con dinero público". "El plazo que se nos ha dado es total y manifiestamente insuficiente para preparar un proyecto de tales características", denuncia.

Según se detallaba en las comunicaciones remitidas a los consistorios, para optar a la subvención había que aportar una memoria-programa con un diagnóstico sobre la situación social, económica y ambiental de la zona, que incluya los objetivos que se persigue con la actuación subvencionable. Además, debía incorporarse un programa de acciones, con su calendario y su justificación técnica, forma de ejecución y gestión. También tenía que facilitarse una memoria de viabilidad técnica y otra económica, que acrediten su compatibilidad con la ordenación urbanística y que reflejen un presupuesto. En el caso de que se prevean realojos temporales de vecinos, tenían que indicar además los costes y plazos de los mismos.

"Materialmente imposible"

En su respuesta a la DGA, la alcaldesa alegó que le resultaba "materialmente imposible" aportar la documentación exigida y tildaba de "insuficiente" el plazo concedido. Por eso, solicitó que se ampliase. "Ni tan siquiera me han contestado", se queja. Según justificó en su carta, el Ayuntamiento se encuentra en proceso de estudio y evaluación de las necesidades pendientes, tanto en materia de rehabilitación como de regeneración urbana del Casco. Y para no quedarse fuera de nuevas convocatorias con cargo al plan estatal 2013-2016, acaba de iniciar el expediente de contratación de un arquitecto. "Tardaremos seis u ocho meses en preparar un proyecto en condiciones, lo que revela lo irrisorio del plazo", concluye.