Parece que tras años de trabajo la reforma de la Ley de Protección a la Infancia (que data de los años 90) será una realidad antes de que acabe la legislatura. Así lo ha manifestado el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. En el texto de la reforma, que cuenta con el visto bueno de la esfera judicial, se incluyen algunas novedades como que parte de las competencias en materia de adopciones internacionales que hoy están en poder de las comunidades autónomas pasen al Estado y que los mayores de 45 años no podrán adoptar recién nacidos, entre otros cambios.

La nueva regulación de las adopciones en territorio extranjero es quizás el punto más novedoso de la reforma en lo que atañe a las comunidades autónomas. Actualmente cada comunidad tramita las adopciones internacionales que realizan sus habitantes. Deciden los países en los que se puede adoptar (previo acuerdo con el Gobierno central) y la adopción se gestiona a través de las llamadas Entidades Colaboradoras de la Adopción Internacional (ECAIs).

En Aragón es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales el órgano que tramita las adopciones internacionales con la ayuda de seis ECAIs. Hoy en día el proceso es el siguiente: las personas que quieran adoptar a un niño se dirigen al Gobierno de Aragón que evalúa, a través de diferentes pruebas como entrevistas personales o exámenes psicotécnicos, si son aptos para adoptar. Si consiguen el visto bueno, los adoptantes eligen la ECAI con la que quieren gestionar el proceso (normalmente cada entidad trabaja con una serie de países y los adoptantes la eligen según sus preferencias) y esta se encarga de todo bajo el control de los técnicos de la administración autonómica.

Esta situación cambia por completo con el texto del anteproyecto, pues parte de la adopción internacional pasa a depender directamente del Estado.

“Se determinan como competencias de la Administración General del Estado, por afectar a la política exterior, la decisión de iniciar, suspender o limitar la tramitación de adopciones con determinados países, así como la acreditación de los Organismos para actuar como intermediarios de las adopciones [las ECAIs]”, dice literalmente el texto, que sin embargo apunta que será “necesaria” la intervención de las comunidades porque mantienen la competencia “para el control, inspección y seguimiento de los organismos acreditados en cuanto a sus actuaciones en su territorio”.

Las ECAIs también pierden las funciones de “control y seguimiento respecto a la intermediación” en el extranjero. 

En sede parlamentaria, el PP ha indicado que espera que esta ley entre en vigor antes de que acabe la legislatura. Está por ver la reacción tanto de las CC.AA. como de las ECAIs ante esta nueva regulación y la decisión definitiva del Ejecutivo cenfral.