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Aragón

El exvicepresidente de la DPZ y el secretario de Sos, imputados por la obra de la mancomunidad

La juez no especifica el posible delito por el que cita a declarar al popular Juan Arboniés, diputado provincial y alcalde de Undués, y a Julio Conde.

La titular del Juzgado número 2 de Ejea ha decidido imputar al exvicepresidente de la Diputación de Zaragoza y alcalde de Undués de Lerda, el popular Juan Arboniés –que sigue siendo diputado provincial–, y al secretario del Ayuntamiento de Sos, Julio Conde. Lo ha hecho en el marco de la investigación que abrió a raíz de la denuncia presentada por el anterior regidor de este último municipio, el también popular Jesús Iso, sobre posibles irregularidades en unas obras ejecutadas por la mancomunidad Altas Cinco Villas.

En el verano de 2013, Iso informó a la Fiscalía del presunto desvío de 168.000 euros en la segunda fase de la renovación de las redes de agua de Sos. El ministerio público estudió la denuncia y decidió remitirla al juzgado porque apreciaba indicios de falsedad documental y de malversación de caudales públicos. Ahora, tras casi un año y medio de diligencias, la magistrada que instruye el caso ha llamado a declarar como imputados a Arboniés –que entonces era presidente de la mancomunidad– y a Conde –que también es secretario de esa entidad supramunicipal y del Ayuntamiento de Undués de Lerda–.

En su providencia, la juez no especifica el posible delito por el que cita al alcalde y al funcionario, sino que acuerda llamarles como imputados "visto el contenido que presentan las anteriores actuaciones" realizadas durante la instrucción. Arboniés y Conde, que siempre han negado las presuntas irregularidades denunciadas por Iso, tendrán que prestar declaración el próximo jueves. Sus palabras y el resto de diligencias servirán para intentar clarificar si realmente se pudo cometer algún delito o si por el contrario los hechos no tienen relevancia penal y por tanto hay que archivar el caso.

La denuncia de Jesús Iso...

En realidad, lo que el exalcalde de Sos denunció ante la Fiscalía es que la mancomunidad Altas Cinco Villas llevaba tiempo desviando fondos en las obras que ejecuta para los municipios que forman parte de ella. Siempre según Iso, para hacerlo inflaba las facturas que emitía por esos trabajos, lo que permitía que sus ayuntamientos cobrasen el 100 por 100 de las subvenciones que recibían para financiarlos y que en cada actuación se crease un margen entre el coste real de las obras y la cantidad que se certificaba –márgenes que se quedaría la mancomunidad y que lógicamente no aparecerían en su contabilidad oficial–.

El exregidor sosiense también detalló cómo se hincharían presuntamente las facturas. En sus escritos al ministerio público explicó que la mancomunidad reflejaba un precio por hora muy superior al que luego abonaba a los operarios de su cuadrilla de obras.

... y los documentos

Hasta ahora la investigación se ha centrado en una única obra: la segunda fase de la renovación de las redes de agua de Sos, realizada en 2012. Esto es así porque, en su denuncia, Iso aportó una hoja de cálculo que le entregaron en la mancomunidad que muestra dos columnas: una con las cantidades facturadas al Ayuntamiento de Sos con cargo a esa actuación –482.000 euros– y otra en la que se refleja el "coste real" de la obra.

Pese a incluir casi 40.000 euros en "trabajos extra" no relacionados con el proyecto, la segunda columna suma 128.000 euros menos que la primera. Sin contar esos "trabajos extra", y siempre según la hoja de cálculo, la diferencia entre el "coste real" y lo facturado asciende a 168.000 euros, que es la cantidad que según el exalcalde de Sos se habría desviado en la segunda fase de las redes de agua.

Además, aunque las facturas de esa actuación solo reflejan conceptos genéricos sin detallar, Iso también aportó una factura de otro proyecto ejecutado por la mancomunidad que sí incluía un desglose de la mano de obra. Ese segundo documento muestra que el precio cobrado por la hora de trabajo estuvo muy por encima de lo que marca el convenio de la construcción, que es el que rige para la cuadrilla de la mancomunidad.

Arboniés dimitió como vicepresidente de la DPZ y como presidente de la mancomunidad el mismo día en el que se publicó que la Fiscalía apreciaba indicios de falsedad documental y de malversación. Poco después, la juez de Ejea abrió diligencias previas.

Las diligencias

En una primera fase, la magistrada pidió a la mancomunidad sus estatutos; los contratos de trabajo de los operarios de su cuadrilla; y todas las facturas emitidas por la segunda fase de las redes de agua de Sos –incluidas las hojas adjuntas de costes y los partes de trabajo asociados–. También solicitó un informe a la DPZ sobre si la actuación está debidamente ejecutada, informe que ya existía y que, como publicó este periódico, concluye que la obra se hizo correctamente y a precios de mercado.

Un año después se tomó declaración como testigo a la trabajadora de la mancomunidad que facilitó la hoja de cálculo aportada por Iso y se pidió un segundo informe a la Diputación para determinar si el gasto declarado para hacer la segunda fase de las redes de agua se corresponde a las facturas, las hojas de costes y los partes de trabajo aportados por la mancomunidad. Una vez realizadas esas diligencias, y a la vista de los resultados, la juez ha decidido imputar al expresidente y al secretario de esa entidad.

Lo que se reconoció

El secretario de Sos reconoció en un pleno que hubo "margen" entre "el coste real" y "el precio de certificación" de la segunda fase de las redes de agua. El funcionario no dio cifras, pero tras escuchar las que aparecen en la hoja de cálculo aportada por Iso dijo en dos ocasiones que ese dinero se compensó con "deuda" que el Ayuntamiento tenía con la mancomunidad. Después, en un escrito a la Fiscalía, Conde negó cualquier posible irregularidad.

Por su parte, el exvicepresidente de la DPZ no solo admitió a este periódico que la segunda fase de la renovación de las redes de Sos costó menos de lo que se facturó. El aún diputado provincial reconoció además que en la primera fase de esa misma obra la diferencia entre el coste real y el facturado fue de alrededor de 80.000 euros y que en otros trabajos realizados en Undués se actuó de la misma forma. No obstante, Arboniés también ha defendido siempre que todo fue legal.

HERALDO intentó hablar ayer con Arboniés y con Conde, pero estos no contestaron a las llamadas telefónicas.

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