Seis años después de que la Policía Nacional culminara una operación contra el robo y venta de vehículos de alta gama, en la que logró detener a diez personas e incautarse de 25 turismos de lujo, tan solo uno de los implicados, Jonathan C. R., está pendiente de sentencia. Los otros dos que han sido juzgados esta semana junto a él, su hermano Javier C. R. y Costica G., vieron ayer cómo la fiscal retiraba los cargos de asociación ilícita y blanqueo de capitales que pesaban sobre ellos, ante la endeblez de las pruebas para incriminarles. La representante del Ministerio Público se quejó de que a lo largo de este tiempo no se hayan hecho las pruebas periciales precisas de las escrituras y contratos aportados en la causa para probar su falsedad.

Los abogados de cuatro perjudicados personados en la causa también retiraron su acusación, sobre todo tras conocer la decisión del tribunal de entregar definitivamente los vehículos (un BMW X5, un Audi A-6, una Mercedes Sprinter, un Peugeot 407) a sus clientes, al considerarlos compradores de buena fe. Hasta ahora los habían tenido en depósito provisional.

Javier C. R., no obstante, seguirá en prisión ya que está cumpliendo condena por otros delitos de estafa y apropiación indebida. Respecto a Costica G., defendido por el letrado Juan Carlos Macarrón, quedó claro que lo único que había contra él era haber estado con sus compatriotas rumanos cuando fueron detenidos en agosto de 2009 en un hostal de la calle Mayor de Zaragoza y tener las llaves de un Skoda.

En cuanto a Jonathan C. R., que también tiene antecedentes por falsificación de documentos públicos, la fiscal sigue manteniendo que existen pruebas para considerarle autor de un delito de apropiación indebida y otro continuado de estafa en concurso con otro de falsedad por los que debe ser condenado a cinco años de prisión. Recordó que cuando fue detenido se le ocupó un carné de conducir de la República Bolivariana de Venezuela falsificado. También que vendió un Audi Q7 después de que la policía le advirtiera expresamente de que era robado. Sin embargo su abogada, Pilar Bergasa, alegó que su cliente trabajaba de intermediario y que no podía saber que los coches que le dejaban para vender eran sustraídos.