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La Audiencia excarcela al acusado de violar a una disminuida antes de dictar sentencia

El tribunal le advierte de que no supone el anuncio de un fallo absolutorio y le impone el alejamiento de la denunciante

Los magistrados de la Sección Sexta han decidido poner en libertad a Adama S., a quien juzgaron el pasado miércoles como presunto autor de la violación de una joven disminuida psíquica. El tribunal, en un auto notificado ayer al acusado, le previene de que su decisión no debe ser interpretada como el anuncio de una sentencia absolutoria y le explica que lo hace porque, una vez celebrada la vista oral, ha quedado cumplida una de las principales finalidades de la prisión decretada en su momento, como evitar que se fugara o ejerciera cualquier tipo de intimidación sobre la víctima.

Adama S., de 29 años, está en la cárcel desde que fuera detenido en abril de 2014, tras ser denunciado por la madre de la joven cuando descubrió que esta se había quedado embarazada. La muchacha lo señaló directamente como autor de la presunta agresión sexual y desde entonces permanecía encarcelado.

Para proteger a la denunciante hasta que se emita la sentencia, la Audiencia le prohíbe acercarse a la chica a menos de 100 metros o comunicarse con ella por cualquier medio. Los magistrados explican que adoptan esta medida cautelar ya que fue solicitada por el fiscal durante el juicio y está prevista entre las que pueden aplicarse a los autores de un delito contra la libertad sexual. También le obligan a entregar el pasaporte y presentarse los días 1 y 15 ante el tribunal.

El representante del Ministerio Público solicitó una condena de seis años de prisión y otros cinco de libertad vigilada por un delito de violación. No obstante y ante la posibilidad de que no se considerase acreditado este delito, pidió alternativamente una condena de dos años por abusos sexuales.

El acusado siempre ha negado los hechos y su abogado, Alejandro Sarasa, reclamó su absolución alegando que solo tenían una amistad y que nunca llegaron a mantener relaciones sexuales.

La joven, de 23 años y con una discapacidad reconocida del 70%, abortó dentro del plazo de nueve semanas. Las pruebas de ADN practicadas al feto para averiguar la paternidad no fueron concluyentes al haberse mezclado varias muestras genéticas.

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