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Esco recurre el auto del juez del caso Naves y reitera que "no hay pruebas" de que se repartiera 15,2 millones

Lamenta que el instructor se "precipite" en finalizar la instrucción sin dar opción a las defensas de los cuatro imputados a proponer pruebas de descargo

El exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, recurrió ayer el auto del juez del caso Naves que concluye que se repartió junto a los otros tres imputados 15,2 millones del sobrecoste de una promoción de naves en Plaza. En su escrito, destaca las "flagrantes contradicciones" que, a su juicio, existen en los hechos y fundamentos del auto. Así, añade que una cosa es que se hubiera podido pagar más dinero por las obras y otra muy distinta que el instructor pueda afirmar "sin prueba alguna" que este dinero extra lo incorporasen los imputados a su patrimonio. "Se quiebra el principio de presunción de inocencia", añade.

La defensa del exalto cargo socialista, ejercida por Juan Monclús, insiste en cuestionar la "precipitación" del juez para dar por finalizada la instrucción, "sin dar opción a las defensas a proponer sus pruebas de descargo".

El auto recrimina que se hayan admitido "pruebas de última hora" a Plaza y deniege las propuestas por los imputados. A la que más importancia concede el abogado de Esco es la de las inspecciones fiscales efectuadas a Plaza entre 2005 y 2008, que constataron que los funcionarios "no encontraron irregularidad alguna" en las cuatro facturas millonarias emitidas por la constructora Codesport al finalizar la obra, referentes al sobrecoste.

Monclús incide en que el propio auditor de Plaza declaró hace cinco días que ni él ni la Agencia Tributaria hallaron irregularidades en dichas facturas. Por ello, considera relevante que se solicite a Hacienda las diligencias y actas levantadas entre 2005 y 2008 a la sociedad pública.

También requiere que se aporten a los autos el informe que encargaron al catedrático de Derecho Administrativo Fernando López Ramón, que concluía que el dinero de Plaza no eran fondos públicos al tratarse de un sociedad pública, tesis con la que se eliminaría el delito de malversación.

El recurso reclama igualmente que se acepte un informe pericial encargado por otro de los imputados, Agapito Iglesias, que reduce el desfase de las naves de 17,8 a 5,1 millones. También pide que se tome declaración a dos técnicos relacionados con la obra.

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