La alcaldesa, Ana Alós, anunció ayer que aunque en un principio se había descartado recurrir ante el Constitucional "una vez obtenidos todos los informes de los servicios jurídicos municipales y de otros externos, se ha decidido porque puede haber una vía". "Sabemos que va a ser muy difícil que esto llegue a buen puerto y que pueda prosperar, pero en todo caso nuestra obligación es intentarlo", añadió.

Pese a ello, Ana Alós también explicó que no van a solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia ya que, aunque lo autorizara el Supremo, los intereses, que ascienden a 2 millones de euros, seguirían aumentando. Por ello, aseguró que siguen adelante con su idea de solicitar un crédito extraordinario para pagar cuanto antes los 2.640.000 euros de la expropiación y pedir al TSJA un aplazamiento para poder abonar los intereses entre los años 2016 y 2017.