Aragón pierde más de 6.000 trabajadores públicos en los últimos cuatro años
La DGA reduce un 6,2% el personal del Salud y el Estado retira efectivos de seguridad
La Universidad es la única administración en la Comunidad con más nóminas que en 2011
El recorte más significativo tanto por la cifra como por lo que conlleva se ha producido en el personal sanitario. Aragón ha perdido algo más del 6% de los trabajadores del Salud. La jubilación adelantada o la no renovación de 1.035 sanitarios ha sido claramente planificada. Desde julio de 2011, la DGA ha ido reduciendo cada año, sin excepciones, en algo más de 300 personas el número de médicos, técnicos sanitarios y resto del personal del Salud. A diferencia de en otras políticas sociales, en las que el Ejecutivo PP-PAR ha mostrado tener algo más de cintura, con la Sanidad ha sido inflexible.
La siguiente caída relevante se ha dado en los militares destinados en la Comunidad y en los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En este caso, a las posibles afecciones en la seguridad, se suman las consecuencias económicas, ya que un número relevante de los destinados en Aragón son de fuera de la Comunidad. Entre los cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército, Aragón cuenta con 815 personas menos que en 2011. Los datos, proporcionados por el Gobierno central al acabar 2014, se refieren al periodo entre julio de 2011 y el mismo mes del pasado año. Ya no habrá nuevos recuentos hasta después de las próximas elecciones autonómicas y municipales.
Al igual que en otras cuestiones, la Universidad ha tenido en Aragón una forma de actuar diferente en política de personal que el resto de administraciones. Entre 2012 y 2013 acometió cierto ajuste en el número de nóminas, pero el intento solo duró un año y en 2014 volvió a aumentar el profesorado y los administrativos. La tendencia también es contraria a la que han llevado la mayoría de los campus universitarios públicos, que redujeron su gasto de personal. Por último, apenas ha habido variaciones en el personal dedicado a la Administración de Justicia, que depende del Ejecutivo autonómico.