Cada noche, al cerrar sus puertas, los supermercados tiran a la basura unas mil toneladas de comida todavía comestibles, según los datos de la asociación Facua-Consumidores en Acción, que reclama a las administraciones públicas un marco legislativo que obligue al sector de la distribución a donar los alimentos aptos para el consumo pero que no pueden vender al público. La petición se enmarca en la campaña ‘Lucha contra los supermercados que desperdician alimentos’ que reclama a estos establecimientos una mayor responsabilidad social en momentos en los que miles de familias españolas pasan hambre a causa de la crisis económica.

La petición de Facua se basa en datos muy concretos ofrecidos por la Unión Europea, cuyo Parlamento aprobó ya en 2012 un informe exigiendo medidas urgentes para reducir el desperdicio de comida a la mitad en el año 2025. Y es que las cifras encuentran difícil justificación en el momento actual. El 5 % de los productos comestibles aptos para su consumo humano desechados anualmente corresponde al sector de la distribución, un porcentaje que se traduce en 7,7 millones de toneladas anuales. O lo que es lo mismo, mil toneladas de comida diaria que podrían ser aprovechadas por comedores sociales o las instituciones civiles o religiosas que colaboran con quienes no tienen para comer.

La responsabilidad de las grandes empresas en este despilfarro comienza, según Facua, en la producción, ya que por razones logísticas se destruyen millones de kilos de alimentos en origen para así evitar costes de transporte, manipulación y envase. Asimismo, las mermas, deterioros de embalaje y envasado de los alimentos también suponen un alto porcentaje de desechos, dado que estos defectos no impiden en la mayoría de los casos su consumo sino sólo su venta al público. En última instancia, la información sobre fecha de caducidad y recomendaciones de consumo preferente también son culpables de buena parte del despilfarro en el hogar.

La UE estima que la generación anual de residuos alimentarios en los veintisiete estados miembros asciende a 89 millones de toneladas, unos 179 kilos por habitante, según los datos resumidos por Facua. Estos residuos alimentarios alcanzarán en 2020 los 126 millones de toneladas (un aumento del 40 %), a no ser que se tomen medidas preventivas. Para ello, la asociación de consumidores ha tratado de tomar el pulso al sector de la distribución alimenticia en nuestro país y ver hasta dónde llega su responsabilidad social.

Sin embargo, parece que la tan demandada transparencia no alcanza al sector privado, ya que de las 28 grandes cadenas nacionales interrogadas sólo ocho han respondido a la petición de información. Se trata de Caprabo, Covirán, Dia, E. Leclerc, Eroski, Grupo El Corte Inglés, Lidl y Mercadona. Todas ellas reconocen sin problemas que colaboran con Bancos de Alimentos o comedores sociales de forma más o menos regulada internamente, y que ponen en marcha políticas comerciales para tratar de reducir el excedente de productos en almacén que no pueden ser expuestos al público.

El resto de cadenas, sin embargo, no informa acerca de cómo actúa con estos productos que, pudiendo ser donados y aprovechados, por falta de voluntad o de inversión de mandan directamente a plantas trituradoras y de tratamiento de residuos, actitud que según Facua resulta relevante socialmente para los consumidores.

Considera la organización que con el mecanismo de mercado actual es imposible prescindir de este coste provocado por el despilfarro de recursos, tanto de elaboración como de comercialización, así que acaba repercutiendo en el precio de venta de los alimentos y en la calidad última de los productos que se adquieren.

De esta forma, el portavoz de la asociación de consumidores, Rubén Sánchez, reclama a las grandes cadenas de distribución un mayor compromiso contra el despilfarro de alimentos, con "una inversión obligada por ética en protocolos de donación", e insta al Gobierno y las comunidades autónomas a que "prohíban por ley a los supermercados de que la comida apta para consumo la tiren y que haya sanciones económicas para aquellos que no donen" alimentos aptos para consumir y que no pueden vender por motivos como defectos estéticos, la cercanía de su fecha de caducidad o que haya pasado la de consumo preferente.