Niegan la medicación a un policía que sufre hepatitis C por el mordisco de un delincuente
La contrajo en 1988 y el Estado rechaza tratarle con los fármacos que en la actualidad están curando a un 90% de los enfermos
Pero el 8 de septiembre de 1988 la vida de Miguel Ángel Ortega cambió por completo. Andaba detrás de José Luis Vergara Velasco, alias El Rata, un peligroso delincuente que unos días antes había secuestrado un autobús urbano en Torrero para huir de la Policía tras haber sido descubierto robando en un piso. En la madrugada de ese día lo localizó en un bar de la calle de Barcelona, en Las Delicias. El funcionario iba con otro compañero y pidieron el apoyo de agentes uniformados para acceder al local y apresar al fugitivo.
"Nada más entrar, el Rata me tiró una banqueta a la cabeza y salió corriendo. Fui tras él y cuando lo alcancé cayó al suelo y se hizo el inconsciente. Al acercarme me enganchó y me mordió la oreja izquierda (perdió el lóbulo superior). Yo me defendí, le pegué con los grilletes en la cara y sangró por la boca y la nariz. Ahí, con las mezclas de sangre, me contagié", recuerda Miguel Ángel como si hubiera sucedido ayer.
Poco tiempo después, los análisis médicos confirmaron que el delincuente, ahora ya fallecido, tenía el virus del Sida y el de la hepatitis C, enfermedad, esta última, que le transmitió y que le ha acarreado un progresivo y grave deterioro de su salud.
Al principio le hacían análisis cada 15 días, después cada seis meses y últimamente cada año. El pasado mes de febrero, el médico especialista de digestivo mandó que le hicieran una prueba en el Miguel Servet para comprobar el estado de su hígado y el resultado fue que tenía una fibrosis de grado IV, el más alto, y cirrosis hepática. Como empleado público, pertenece a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y le enviaron a la compañía DKV para repetirse la prueba. La empresa lo remitió al Clínico, donde le dieron cita con nueve meses de espera.
"Sin embargo explica la semana pasada me dijeron que no van a darme este tratamiento porque, al parecer, alguien dice que estas terapias solo se deben aplicar a los pacientes que tienen cirrosis descompensada o están en espera de trasplante de hígado, en una palabra, a los desahuciados".
Él ya no puede ser tratado con interferón (fármaco habitual contra la hepatitis C) porque no lo tolera y está contraindicado con la depresión y los estados de ansiedad que sufre, relacionados con el estrés postraumático que le quedó como secuela por la intervención policial.
Miguel Ángel Ortega no se resigna a esta negativa y ha recibido el apoyo de su sindicato policial, el SUP, del Justicia de Aragón y de la directora provincial de Muface, Úrsula Hernández Marta, a quienes agradece su ayuda. No descarta tampoco acudir a los tribunales y presentar un contencioso administrativo contra el ministerio de Hacienda, pues considera que su enfermedad fue contraída en acto de servicio y cumple todos los requisitos que la ley requiere para ser tratado. La última noticia que ha recibido es que su informe se ha traspapelado y que, en cuanto lo encuentren y vuelva a pasar por el comité que tiene que autorizar el tratamiento, se lo suministrarán.
A sus 61 años, jubilado como subinspector del CNP, desmoralizado, muy cansado y con una fuerte depresión como consecuencia de una enfermedad contraída cumpliendo su trabajo llega a la conclusión de que, para la Administración, su vida no vale 80.000 euros. "Y me niegan algo a lo que tengo derecho", afirma. Recuerda que, por paradójico que parezca, los policías nacionales no tienen ningún seguro de accidentes.