Interpretar leyes autonómicas o los efectos legales de una reforma legislativa son algunas de las funciones que tiene el Consejo Consultivo de las comunidades españolas. Sin embargo, el de Aragón lleva a cabo este trabajo por el precio más barato que existe, sin tener en cuenta a Cantabria, Ceuta y Melilla que todavía no cuentan con un órgano de este tipo y, por lo tanto, es el propio Consejo de Estado el que resuelve sus problemas.

“La razón por la que somos los más económicos es muy clara, Aragón decidió optar por profesionales que no tuvieran un contrato con el órgano sino que tuvieran sus propios empleos”, explican desde la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón. Prueba de ello es que los nueve miembros del Consejo Consultivo -formado por el presidente, seis miembros juristas con más de diez años de experiencia y dos cargos públicos- cobran de manera fija 250 euros en concepto de dietas por las sesiones a las que acuden.

A ello hay que añadirle una parte variable que depende de los dictámenes que se realizan. Por cada resolución, “que elaboran los propios miembros”, se puede cobrar entre 300 y 1.100 euros, dependiendo de si es competencia de la comisión -300 o 600 euros- o del pleno. En este caso se diferencia de manera considerable de otras comunidades en las que hay sueldos elevados que pueden llegar a los 5.500 euros mensuales como es el caso de Madrid.

Además, el hecho de que solo disponga de unas oficinas en un edificio común favorece el ahorro. "Hay otros Consejos que disponen de un edificio propio o un palacete", subraya Ramón Salanova, presidente del Consejo Consultivo de Aragón. Salanova recuerda que cada miembro financia su propio teléfono móvil, ordenador y medios de consulta en sus propios despachos, "puesto que carecen de espacios en la sede del organismo". De hecho, recalca que este año no han tenido ningún gasto protocolario. 

Como consecuencia, el presupuesto de Aragón es el más bajo con 323.404 euros en 2014, seguido muy de cerca por La Rioja (361.957) y Navarra (446.374). Por el contrario, Cataluña es la que más gasto tiene, llegando a superar los cinco millones y medio de euros. “Con este coste tan bajo es muy rentable contar con este órgano puesto que es muy cercano y resuelve de manera directa y rápida todos los problemas que pueden ir surgiendo”, destaca Julio César Tejedor, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.

De hecho, cada aragonés solo paga 0,22 euros al año por poder disponer de él, una cifra pequeña si la comparamos con la segunda más barata que es la andaluza, en la que cada habitante tiene que pagar 0,40 euros. Sin embargo, la más elevada la encontramos en el Principado de Asturias puesto que cada ciudadano desembolsa 1,48 euros al año por esta institución.

A pesar de que Aragón es la que menos gasta, no es la que menor número de dictámenes emite: el pasado año cada miembro realizó 25 informes, haciendo un total de 248. Asturias redacta 22 dictámenes por cada consejero, y es la que más cara sale a los ciudadanos.

Este año está previsto que se emitan un total de 215 dictámenes, "incluyendo el orden del día previsto para el Pleno y la Comisión del próximo 22 de diciembre", señala Salanova. Al mismo tiempo apunta que este número puede incrementarse a la vista de los expedientes que se reciban hasta esa fecha.

En cuanto a los dictámenes, el 37,6% pertenecen a indemnizaciones por daños y perjuicios no sanitarios, otro 37,6% a indemnizaciones por daños y perjuicios sanitarios, el 9,2% son relativos a proyectos de ley o decretos, el 9,2% a revisiones, el 5,2% a contratos, y el 1,20% a otros asuntos.

Completamente masculino

El año pasado se eligió al actual presidente, Ramón Salanova, y también se realizaron nuevos nombramientos y se mantuvieron otros. No obstante, uno de los aspectos de este órgano que más ha llamado la atención es que en ningún momento una mujer ha ocupado un puesto en el Consejo Consultivo de Aragón.

Tejedor asegura que la ley de paridad no obliga a que haya una presencia equilibrada entre hombres y mujeres. “Puede que haya una tendencia social para tomar esta decisión, pero no una razón de fondo puesto que hay muchas juristas preparadas para desempeñar un cargo como este”, puntualiza Tejedor. De hecho, según señala el propio Salanova, en alguna ocasión se le ha propuesto a alguna jurista pertenecer a él, aunque sin éxito.