Este aspecto es, precisamente, el que más problemas puede plantear entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. El Consistorio pide 178 millones de euros anuales para cubrir los gastos que la capitalidad supone para la ciudad, así como las competencias impropias que asumen. Sin embargo, en su propuesta inicial el Gobierno de Aragón hizo una propuesta que suponía unos 19 millones de euros.

Sobre lo que sí hubo acuerdo en el grupo de trabajo del Consistorio fue en las alegaciones presentadas al texto de la DGA. Entre otros asuntos, se incluye la potestad del pleno de aprobar el planeamiento general y sus modificaciones, de fijar el sueldo del alcalde y los concejales, la capacidad del alcalde para cesar miembros del Gobierno de la ciudad o de elegir los presidentes de las juntas de distrito y alcaldes de los barrios rurales, la potestad del Gobierno de expropiar y fijar justiprecios y la participación del Ayuntamiento en proyectos de interés general de Aragón que afecten directamente a la ciudad.