El Gobierno aprueba una PAC muy criticada por el sector porque "solo beneficia a cazaprimas"

Los sindicatos agrarios, indignados, insisten en la necesidad de recuperar el concepto inicial de agricultor activo.

Tal como se esperaba, el consejo de ministros aprobó ayer los seis decretos necesarios para la aplicación definitiva de la Política Agraria Común (PAC) en España para el periodo 2015-2020. No hubo sorpresas, porque los sobresaltos, que han indignado a todo el sector agrario en general, han ido llegando durante este mes de diciembre con cambios de última hora que han descafeinado los pequeños logros conseguidos por las organizaciones agrarias para que las ayudas primaran a los agricultores y ganaderos con auténtica actividad agraria.


Una de estas modificaciones afecta a la definición de agricultor activo. Gobierno y comunidades autónomas habían consensuado que los pagos directos solo irían destinados a aquellos profesionales que pudieran justificar que el 20% de sus ingresos agrarios proceden de la venta de sus producciones. Ahora, tal como se recoge en la nueva norma, "los pagos se destinan a los agricultores activos, es decir, aquellos que tienen una actividad económica mínima de la que obtienen ingresos agrarios, aparte de las propias ayudas, o en su caso, que demuestren que realizan directamente y bajo su responsabilidad una actividad agraria, que consista en cultivar o criar ganado o en mantener en buenas condiciones las superficies de explotación".


Es con esta última acepción –a la que se unió hace apenas unos días la decisión de que puedan acogerse a las ayudas con derechos asociados a pastos aunque no tengan ganadería– con la que ha estallado la ira de los representantes agrarios, que critican al Ministerio de Agricultura por volver a abrir las puertas de la PAC a "agricultores de sofá, cazaprimas, absentitas y especuladores".


No lo entiende así el departamento que dirige Isabel García Tejerina que justificó ayer, a través de director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, la necesidad de introducir esta "excepción" por recomendación de Bruselas.


A quien esté en estas circunstancias –serán casos muy minoritarios, insisten desde el Ministerio–, "les someteremos a un control" para asegurar que el perceptor sea quien realiza la actividad agraria y evitar que sea un tercero el que la efectúe, quien venda o quien tenga actividad comercial "en su nombre". Según Miranda, con estos controles se podrá evitar que esta apertura que se ha hecho a la regla general "se convierta en un lugar por donde se puedan escapar los cazaprimas o agricultores de sofá". Y a quien no cumpla, sentenció, se le expulsará del sistema.


La PAC traerá a España hasta 2020 un total de 35.705 millones de euros en ayudas directas. Para su reparto el Gobierno ha optado por dividir la superficie española en regiones agrarias con un potencial agrario similar. Una división que en Aragón ha destapado la caja de los truenos, generando el malestar y la protesta de los agricultores turolenses, que se sienten "injustamente discriminados".


Junto con los pagos directos, la nueva PAC llegará a España con otros 8.291 millones destinados a desarrollo rural y 3.500 millones que tiene como objetivo arbitrar medidas de mercado.


Aunque ayer la ministra de Agricultura defendió que esta nueva PAC "dotará al campo español de una enorme flexibilidad y despejará el futuro camino a los agricultores y ganaderos españoles", las organizaciones agrarias –UAGA-COAG, UPA y Asaja– aseguraron sentirse "engañados y defraudados" y lamentaron que "se ha perdido una oportunidad histórica de legitimar la PAC".