Defendido por unos, y criticado por otros, el fracking o fractura hidráulica contará en los próximos meses con un marco legislativo mucho más seductor para aquellos territorios que acojan una prospección de este tipo. El Ministerio de Industria ha introducido en la reforma de la Ley de Hidrocarburos un nuevo impuesto sobre las empresas y petroleras que realicen explotaciones de petroleo y gas que irá a parar directamente a las arcas de los ayuntamientos, comunidades autónomas y propietarios afectados. Así lo contempla el anteproyecto de la norma que este viernes fue aprobada por el Consejo de Ministros, y que está aún pendiente del trámite parlamentario.

Con esta reforma, el Gobierno busca reducir el recelo a esta técnica asegurando que una parte de los recursos "revierta en las comunidades autónomas o entidades locales donde tengan lugar”, según explica el Ministerio. Un incentivo que no ha tardado en ser tildado por la oposición y las plataformas ecologistas como “una forma de comprar” las zonas afectadas, más aún en medio de la polémica por las prospecciones en Canarias y el amplio rechazo que ha tenido el fracking en Aragón y otras comunidades.

Desde que a comienzos del 2012 se empezara a hablar de los primeros proyectos de fracking en España, esta técnica, que se utiliza para extraer gas natural o petróleo del subsuelo a gran profundidad, ha acumulado multitud de críticas al entenderse que su uso puede dar lugar a contaminación de aguas subterráneas o incluso producir pequeños seísmos. En Aragón en la actualidad solo está en marcha un permiso de investigación de este tipo, el proyecto Aquiles, cuyo aval fue concedido desde el Gobierno central al ubicarse a caballo entre Navarra y Aragón y que pese a contar con los permisos aún no se ha desarrollado. Además, la DGA ha recibido la documentación de otros nueve proyectos que siguen paralizados al no haber sido aprobados, según explicaron fuentes del Ejecutivo autonómico, hasta que no haya un consenso más claro.

Sin embargo, para parte de la oposición en las Cortes de Aragón, la postura del Ejecutivo aragonés no es suficiente. Izquierda Unida y CHA, partidos que en mayo de 2013 impulsaron una moción para rechazar el uso del fracking en Aragón que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, ha vuelto a pedir al Gobierno autonómico un “rechazo claro al descarado impulso que se quiere dar al fracking desde Madrid”.

“En Aragón fuimos una de las comunidades pioneras en mostrar nuestro rechazo al fracking, sin embargo, esta postura cada vez se ha ido diluyendo más por parte del Gobierno”, explica el diputado de CHA Joaquín Palacín, quien cree que la actitud tomada desde el Gobierno central va encaminada a limitar la capacidad de decisión de las autonomías.Un 8% para ayuntamientos y CC.AA., y un 1% de las ganancias para propietarios

Según adelantó este mismo martes el ministro Soria, a falta de que la ley se desarrolle, el tipo impositivo con el que gravará a los hidrocarburos que se extraigan en España rondará el 8%. Un porcentaje que irá directamente a las zonas en las que se esté obteniendo este recurso. Además, Industria introduce que los propietarios del suelo obtengan un 1% del valor obtenido durante la concesión. Un incentivo, este último, que tiene gran importancia en Aragón. No en vano, la propia DGA es la que gestiona el 65% del más de millón y medio de hectáreas de bosques sobre en las que en un momento dado se podría establecer un proyecto de este tipo, según los datos que maneja la Asociación Forestal Aragonesa.

Desde la plataforma 'Aragón sin Fractura', opuesta al fracking, también se entiende que las nuevas medidas del Ministerio van encaminadas a “defender la fractura hidráulica por encima de cualquier otra cosa”, según explica uno de sus miembros, Juan Carlos Gracia, quien cree que los ayuntamientos y territorios que “se puedan ver seducidos por estos incentivos deben pensar en si compensa teniendo en cuenta las potenciales amenazas que entraña esta técnica”, las más comunes, según esta organización, el riesgo de que se produzcan contaminaciones en aguas subterráneas o en balsas en la superficie, además del “excesivo” gasto de agua que conlleva su aplicación, basada en la perforación de un pozo vertical en el cual, una vez alcanzada la profundidad deseada, se inyecta a presión agua y productos químicos en el terreno, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso a través de la fragmentación de la roca.

Para sus defensores, el fracking es el modelo de obtención de hidrocarburos sobre el cual países como EE.UU. han conseguido reducir su dependencia energética, fin último que persigue el Ministerio habilitando estas medidas. Sin embargo, en Europa esta técnica sigue sin encontrar consenso. Francia prohibió su uso a finales del año pasado, mientras que en España, las comunidades que se han visto envueltas en proyectos de este tipo han actuado de distintas formas.

Y es que, aunque Aragón fue pionera al aprobar por unanimidad en las Cortes en noviembre de 2012 una proposición no de Ley que insta al Gobierno de Aragón a declarar la Comunidad Autónoma territorio libre de fracking, esta iniciativa nunca se trasladó a una ley propia, algo que si se hizo en Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña. Sin embargo, las normas aprobadas fueron anuladas o paralizadas temporalmente meses después por el Tribunal Constitucional a petición del Estado.

Desde el Gobierno de Aragón, la postura que se ha mantenido durante los últimos meses es la de no validar ningún proyecto que haga uso del fracking sobre el que tenga competencia al menos hasta que no haya un criterio europeo acerca de esta cuestión, si bien, el Ejecutivo también ha reconocido que Aragón no es competente para lidiar en según qué proyectos, como aquellos que se suscriban a territorios limítrofes entre dos comunidades.