Los grupos municipales de PSOE, CHA e IU entraron ayer en harina. Tras varias semanas sin excesivos avances, los partidos afrontaron ayer el asunto más espinoso de la futura ley de capitalidad: el modelo de financiación de las competencias impropias y de los costes de la capitalidad, como los define el gobierno municipal. En total, la cifra que se puso sobre la mesa oscila entre los 160 y los 170 millones, si se suman las competencias impropias, los costes estimados vinculados a la población flotante o a las exenciones fiscales que tiene que aplicar la ciudad por ser capital. Es un planteamiento completamente alejado no solo de la propuesta del Gobierno de Aragón, sino de la que hizo el propio Ayuntamiento en 2010, cuando el PSOE tenía el poder en la DGA (unos 60 millones).

La reunión de ayer, que en un principio no debía centrarse en la financiación, no arrojó acuerdos, a la espera de un informe detallado que presentará el gobierno en los próximos días. Los grupos municipales no destaparon sus cartas, pero sí quedó en evidencia que la propuesta de financiación que plantea la DGA, que ha redactado el anteproyecto de ley, no convence al gobierno socialista. El Ejecutivo defiende que el Ayuntamiento reciba un mínimo del 10% del Fondo Local de Aragón y un 5% de las transferencias de la Diputación Provincial (DPZ). Según las cuentas autonómicas, esto supondría unos 20 millones que se añadirían a los 7,8 que recibe de los convenios.

El gobierno municipal rechaza de plano este esquema y reclama un fondo de capitalidad que compense los costes de la población no empadronada y su impacto en los servicios públicos. Ese fondo, según el Ayuntamiento de Zaragoza, debería fijarse en 50 millones, revisables anualmente mediante la aplicación del IPC.

Pero además el Ayuntamiento reclama un convenio bilateral económico financiero que deberá compensar las competencias impropias. De momento, las cifras que está manejando el gobierno municipal son de 101,2 millones de euros, más de la mitad vinculados a Acción Social. Es un planteamiento de máximos y habrá que aclarar si el Consistorio está dispuesto a asumir parte de esa cantidad (en la actualidad financia el 92%, dado que la DGA aporta solo los 7,8 millones vinculados a convenios).

Por otro, el gobierno socialista aspira a recibir fondos de la Diputación, que podrían llegar a los 20 millones. El Ayuntamiento maneja dos cifras (5,1 y 9,7 millones), aunque fuentes consultadas indicaron que ayer se cifró en 20 millones la compensación que llegaría de la DPZ. En la propuesta del gobierno se habla de un 20% del importe de los ingresos por operaciones corrientes recogidos en el presupuesto provincial.

Al margen de la concreción de las cifras y de la negociación posterior, habrá que cerrar los calendarios de entrada en vigor de este nuevo sistema de financiación. En principio, se ha previsto una nueva reunión para la próxima semana, en la que además se deberán concretar las competencias en acción social, cultura, medio ambiente o servicios públicos. IU no participa en estas negociaciones por decisión propia.