Querella contra 42 personas por el caso Levante-Zaragoza

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón presentó en el Juzgado de Instrucción Decano de Valencia la querella por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de mayo de 2011 que significó la permanencia del club aragonés en Primera División. El Ministerio Fiscal acusa de "fraude deportivo" a 41 personas físicas (futbolistas, directivos...) y a una persona jurídica, el Real Zaragoza, como sociedad anónima deportiva. Entre los querellados se encuentra el expresidente Agapito Iglesias, el entrenador en aquel entonces, Javier Aguirre, consejeros como Javier Porquera y Paco Checa o el director deportivo Antonio Prieto.

También exjugadores del Real Zaragoza aún en activo en diversos clubes, como Ander Herrera (Manchester United), Gabi Fernández (capitán del Atlético de Madrid), Ángel Lafita (Getafe) o Leo Ponzio (River Plate). En el Levante, son sospechosos Juanfran o exjugadores como Ballesteros. De la actual estructura del Real Zaragoza, sobresalen dos nombres entre los querellados que pueden ser imputados si se admite a trámite en Valencia la querella y el juez así lo determina: el secretario general Paco Checa y el lateral derecho de la primera plantilla Carlos Diogo.

El fiscal Luzón cree que Agapito Iglesias, junto a sus colaboradores en el club y los capitanes Gabi, Ponzio y Jorge López acordaron amañar el partido, "sobornando" a jugadores del Levante mediante un trama de movimientos de dinero en las fechas previas a ese encuentro. Según la querella, se entregaron 965.000 euros a futbolistas granotas, dinero procedente de una cuenta bancaria del Real Zaragoza y que ordenó transferir Javier Porquera, director financiero, a las cuentas de Javier Aguirre, Antonio Prieto y 9 futbolistas: Lanzaro, Ander Herrera, Toni Doblas, Paulo Da Silva, Braulio, Leo Ponzio, Gabi, Jorge López y Carlos Diogo. Ellos habrían, supuestamente, actuado de intermediarios para los pagos. Todos ellos, junto al resto de querellados, se enfrentan ahora a posibles penas de prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación de uno a seis, así como a multas.

En la toma de declaraciones a los 33 implicados, el fiscal Luzón detectó contradicciones entre las versiones de Agapito y los jugadores del Zaragoza bajo sospecha. El soriano afirmó que los pagos fueron primas deportivas y los futbolistas que retiraron ese dinero, pero que luego lo devolvieron al club porque así se les solicitó. El fiscal también detectó que varios jugadores del Levante cobraron dinero del Zaragoza al comprobar algunos de sus movimientos bancarios.

En el Real Zaragoza, se confía en que el proceso abierto no tenga consecuencias deportivas. Es muy improbable que así sea, ya que en la jurisdicción deportiva (reglamento de la LFP) la infracción está prescrita (3 años). No obstante, por la vía penal, si el Zaragoza como persona jurídica (SAD) es imputado y condenado, sí podría tener consecuencias deportivas si se suspende su actividad o si se disuelve la entidad (posibles penas a las que se expone, además de sanciones económicas).

El nuevo Consejo de Administración del Real Zaragoza aseguró ayer en un comunicado oficial que "colaborará con la Justicia" y subrayó su postura en el proceso, desvinculando al club como institución de las personas encargadas de su gestión en mayo de 2011: "En el caso de que sean ciertos los sucesos ahora trasladados al juez, estos se habrían llevado a cabo para el beneficio personal y particular de terceras personas, pero nunca en favor del Real Zaragoza, que se habría visto utilizado".

Se espera que en menos de diez días el Juzgado de Instrucción Decano de Valencia (ciudad donde se jugó el partido) admita a trámite o no la querella. En caso afirmativo, lo repartirá al juzgado correspondiente, cuyo juez será el encargado de abrir diligencias, cotejar pruebas, tomar declaraciones como imputados o testigos... Un proceso que puede extenderse durante un año.