Plaza recurre la sentencia que ganó a Codesport para intentar recuperar otros 4,6 millones
El juez ya le condenó a devolver los 12,2 millones que le cobró de más por un edificio y la sociedad plantea que también lo hizo con una nave
En primera instancia, el juez ya condenó al dueño de Codesport a devolver 12,2 millones de euros por quedar probado el "enriquecimiento injusto" que obtuvo por un bloque de oficinas, pero ahora Plaza pretende recuperar también los otros 4,6 millones que, según constataron los peritos judiciales y de la sociedad pública, cobró de más por la nave convertida en el Centro de Innovación de FP.
Lo que no ha hecho la DGA es reclamar la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza, ya que en el caso de revocarse en la Audiencia Provincial se tendría que asumir una indemnización por daños y perjuicios. No obstante, la última palabra la tiene el consejo de administración de la sociedad pública, que ya dio su visto bueno al recurso de apelación en el último consejo de administración, el mes pasado. De entrada, se deben pagar 10.800 euros en concepto de tasas.
De todos modos, los socios de Plaza tienen muy claro que será difícil cobrar como consecuencia de la grave situación económica que sufre el grupo Codesport, con su actividad empresarial bajo mínimos y sujeto a un exigente calendario de pagos tras superar el concurso de acreedores.
El juez dio parcialmente la razón a Plaza acerca del sobreprecio del primer edificio, pero sobre el segundo aulario de FP entendió que no cabía la reclamación. Por ambos se pagaron más de 31,4 millones y la sociedad estimó que se le cobraron 16,8 de más.
Para fijar el enriquecimiento injusto, se basó en el informe pericial solicitado por los demandantes y que el juzgado encargó al arquitecto José Joaquín Gómez Pitarch. El magistrado Luis Perales asumió su valoración, que cifró el coste real del edificio de oficinas en 11,8 millones , muy lejos de los 24 que se pagaron. Gómez Pitarch puso en evidencia precios hinchados hasta un 491%, materiales cobrados y no instalados y la duplicación de gastos, además de múltiples defectos de construcción.
El recurso también cuestiona que el juez solo tuviera en cuenta el informe del perito judicial y obviara, por ejemplo, las declaraciones de los consejeros de Plaza que afirmaron que el precio pagado se determinó por unanimidad.
