Juzgan a 3 empresarios de Ejea por un delito contra los trabajadores
La Fiscalía pide para ellos tres años de prisión por cobrar a extranjeros para regularizar su situación
Tres empresarios de Ejea de los Caballeros y un inmigrante marroquí fueron juzgados ayer en la Audiencia de Zaragoza por traficar presuntamente con mano de obra y reclutar a personas para ofrecerles condiciones de trabajo penosas y que perjudicaban sus derechos. La fiscal pidió para cada uno de ellos tres años de prisión y la inhabilitación durante un periodo similar para trabajar como empresarios agrícolas.
No obstante, los cuatro acusados negaron los hechos y sus respectivos abogados solicitaron la absolución. Además, dado que la causa comenzó a instruirse en el juzgado número 2 de Ejea en 2009, reclamaron que se aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas pues en este caso llegó a haber periodos muy largos de completa inactividad judicial.
La Fiscalía mantiene que los acusados Mariano A. S., José María V. V., Andrés Luis J. B., Echarkaoui G. y Abdelilah H. (este en rebeldía) se pusieron de acuerdo para obtener mano de obra de extranjeros pidiéndoles dinero para regularizarles y, además, no les pagaban por su trabajo de forma legal.
La Guardia Civil detuvo a estas cinco personas después de la denuncia de una joven marroquí que dijo que Echarkaoui y Abdelilah H. se pusieron en contacto con ella en Marruecos para, previo pago de 10.000 euros, proporcionarle un contrato laboral. Cuando llegó a España trabajó unos tres meses en un bar de Mariano A. y, según ella, no le abonó el salario. Respecto a los otros dos empresarios, el fiscal dice que emplearon a tres jornaleros sin contrato, les pidieron 1.000 euros para regularizarles y les retribuyeron en mano.
Los abogados pidieron la absolución por falta de pruebas. Javier Notivoli, en nombre de Echarkaoui, argumentó que, como recogió recientemente la Audiencia en el caso de la contratación de mano de obra ilegal para las obras del tranvía (en la que absolvió al acusado) no vale solo la palabra del denunciante sino que hay que probar que dejó su casa por una promesa de trabajo. Además dijo que no puede imponer condiciones laborales quien no tiene la condición de empleador. Por su parte, José Antonio Leciñena, en nombre de José María V., alegó que contratar sin papeles (lo que negó) no siempre es delito y que, en este caso, los trabajadores cobraron.
