Dos fuertes golpes en la cabeza con la culata de una pistola acabaron con la vida del joven senegalés Lamine Gueye el 11 de mayo de 2013 durante una fallida compraventa de marihuana en un piso de Las Delicias. Sin embargo, el autor de aquella agresión, Brayan Millán Gálvez, tan solo fue condenado por un delito de lesiones, ya que el Jurado Popular entendió que su intención nunca fue la de matar. De ahí que la pena quedara fijada en cinco años de cárcel, muy lejos de los 18 que pedía la Fiscalía.Pero esta no se conformó con el veredicto, recurrió el fallo y ayer exigió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que eleve el castigo al homicida.

El representante del Ministerio Público, Carlos Sancho, inició su alegato reconociendo lo difícil que resulta ir en contra de la doctrina del Supremo. Lo hizo porque el Alto Tribunal estipula que al recurrir la sentencia de un juicio con jurado no se puede cuestionar el relato fáctico (o hechos probados). Y en este caso los integrantes del tribunal popular dejaron claro en su veredicto que el acusado actuó sin animus necandi o voluntad de matar.

Para la Fiscalía, esta jurisprudencia del Supremo limita considerablemente a las acusaciones a la hora de recurrir , "ya que prácticamente no deja otra vía que la de actuar contra el juzgador por dictar una sentencia injusta o arbitraria". Según Sancho, en sus últimas sentencias, el TSJA se ha alineado con la postura del Supremo pero no se ha posicionado sobre esta controvertida cuestión.De ahí que ayer le invitara a "mojarse". "Porque entendemos que dos golpes de semejante naturaleza en el cráneo de una persona claramente tienen una etiología homicida", señaló.

Pudo oponerse y no lo hizo

Para la defensa, a cargo del letrado Javier Osés, no cabe ahora que el TSJA (un tribunal integrado por magistrados profesionales) invalide el veredicto de un jurado. "De hacerlo, se estaría actuando contra el espíritu de una ley que pretendía que el pueblo se implicara de una forma más activa en la administración de Justicia", señaló. El abogado fue incluso más allá y recordó al tribunal que la Fiscalía no formuló queja alguna cuando una vez celebrado el juicio se redactó el objeto del veredicto –cuestionario al que tienen que contestar los miembros del jurado para decidir cuáles son los hechos considerados probados y cuáles no– y se incluyó la pregunta número 21."A través de ella, se preguntó directamente a los jurados si con aquellos golpes el acusado tenía intención de lesionar o de matar. Y fueron claros al contestar que su propósito nunca fue el de acabar con la vida de la víctima", concluyó.