La plataforma Stop Desahucios mantiene que las medidas del Gobierno de Aragón para atender las situaciones de vulnerabilidad por falta de vivienda son "insuficientes y excluyentes" y pide una moratoria para los desahucios para deudores de "buena fe".

Así lo ha señalado a los medios Raquel de la Riva, miembro de la plataforma, antes de reunirse con la directora general de Vivienda, Belén Corcoy, para conocer las medidas del ejecutivo para canalizar los distintos tipos de ayuda y que previamente también ha explicado a los periodistas.

Un encuentro con los medios en los que se ha puesto de manifiesto la discrepancia que existe en cuanto a las cifras sobre solicitudes de ayuda, ya que mientras Corcoy ha cifrado en 1.500 las peticiones que ha recibido el Gobierno de Aragón, Stop Desahucios las sitúa en 6.000 y en 1.200 los procedimientos que se han llevado a cabo en un año por el impago de alquiler.

Desde el Gobierno de Aragón se ha informado de que a través de las medidas de prevención se han parado 176 desahucios y se ha realojado a 36 personas, fruto del convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMPC).

Según Belén Corcoy, la diferencia con las solicitudes de ayuda es que muchas personas renuncian a la mediación del Gobierno de Aragón y otras a la vivienda que se les proporciona.

El ejecutivo autonómico ha otorgado en las dos últimas convocatorias ayudas a cerca de 3.000 familias y para 2015 tiene prevista la convocatoria de la nueva orden, dotada con 4,7 millones de euros.

En este sentido, Raquel de la Riva ha cuestionado incluso que se vayan a pagar las ayudas de este año, además de considerarlas "totalmente insuficientes" para el número de solicitudes.

A juicio de Stop Desahucios "faltan recursos, vivienda y medios" para estudiar los casos que se presentan y han recordado que hasta el mes de febrero hay pendientes cinco desalojos por no poder pagar la renta, situaciones a las que se suman los procesos penales a los que se enfrentan algunas familias por usurpación de viviendas.

De la Riva ha advertido asimismo del convenio firmado entre el Gobierno de Aragón, el CGPJ y la FAMPC, debido a que al no tener rango de ley "mucha gente se queda fuera" porque no se aplica igual en todos los juzgados.

Sin embargo, la directora general de Vivienda ha asegurado que se trata de un convenio que lo que hace es desarrollar la ley estatal de protección de deudores hipotecarios, y "tiene rango suficiente".

Este convenio prevé un protocolo de actuación que consiste en que el poder judicial le comunica al Departamento de Servicios Sociales que se va a producir el desahucio con la fecha, tras lo que Servicios Sociales elabora un informe detallado sobre la familia o persona objeto del desahucio que se envía a la Dirección General de Vivienda y se encarga de buscar una solución habitacional.

Corcoy también ha reconocido la necesidad de ampliar el parque disponible de vivienda porque "sin recursos ni vivienda no se puede trabajar" y ha destacado el acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se incorporan 50 viviendas, o con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con otras 80 viviendas, lo que sitúa la bolsa de alquiler en unos 200 o 300 pisos.

Para acelerar la gestión de este red, la Dirección General de Vivienda también ha firmado convenios con las Fundaciones Federico Ozanam, Kairós e Ymca y hasta el momento se han firmado 74 alquileres.

Además, el Gobierno de Aragón dispone de otras 450 viviendas propias para alquileres sociales, de las que 58 están cedidas a entidades sociales.

Belén Corcoy ha subrayado que el objetivo de la reunión con Stop Desahucios es fijar líneas de colaboración con el fin de atender a los colectivos vulnerables.