La Fiscalía ha propuesto al juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza que declare culpable el concurso de acreedores de Xarda Tres S. L., una de las 42 empresas de Eduardo Lacasta, dueño del grupo inmobiliario Fincas Atlanta. Según el ministerio público, a partir de 2009 Xarda Tres empezó a simular una actividad ficticia entre sociedades del mismo grupo "a sabiendas de que iban a ser insolventes" y "prestó servicios a aquellas sin contraprestación ninguna". De esa manera, añade, se generó y agravó de manera culpable su estado de insolvencia. Además, considera que la empresa no ha llevado una contabilidad acorde con los principios y normas contables y que sus libros no reflejaban su autentica situación patrimonial y financiera.

Por esta y otras causas, el fiscal solicita al juzgado que declare culpable el concurso de la entidad Xarda Tres S. L. En consecuencia, pide que se inhabilite durante diez años tanto a Eduardo Lacasta como a los dos testaferros que durante un tiempo figuraron como administradores únicos de Xarda, los albañiles Lario G. D. y Alfredo L. S., para que no puedan administrar bienes ajenos o representar a cualquier persona física o jurídica. Además, exige que paguen a los acreedores y que respondan de los créditos con todo su patrimonio.

La titular del juzgado de lo Mercantil ha dado traslado del escrito a Lacasta y a los dos testaferros para que aleguen lo que consideren oportuno antes de dictar sentencia.

El empresario está imputado por la presunta descapitalización fraudulenta de cuatro de sus empresas inmobiliarias: Sendai Veinte, Gestión Colectiva 2000, Puebla Nueva Cincuenta y Xarda Tres. Entre las cuatro (todas en concurso) arrastran una lista de 72 acreedores, a los que se adeudan más de 45 millones de euros. No obstante, de las cuatro Xarda Tres es la que menos capital debe, algo más de 300.000 euros, pero los perjudicados por estos impagos son todos gremios. El fiscal mantiene que la empresa los contrató sabiendo de antemano que no les iba pagar.

Entre los acreedores de las otras tres sociedades en concurso se encuentran las administraciones tributarias (autonómica y estatal), el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de la capital aragonesa o la mancomunidad de la Ribera Izquierda del Ebro. En su lista de perjudicados hay también un grupo de bancos y cajas de ahorros, así como un buen número de particulares y de comunidades de propietarios, a alguna de las cuales, como una de La Puebla de Alfindén, les debe 67.179 euros.

Además, la Puebla Cincuenta y Gestión Colectiva 2000 tienen reconocidas deudas con distintas entidades bancarias por unos 20 millones de euros. Las más elevadas las tiene con Bantierra (4), Caja España (3,1) Caja3 (3,1), Bankia (1,5) o Cajalón (1).

Al margen de los procesos mercantiles, Eduardo Lacasta y otras nueve personas más están imputadas como presuntas autoras de delitos fiscales, insolvencia punible, estafa continuada y falsedad documental en una causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 11.

Una de las últimas órdenes del juez fue que se practicara una prueba pericial caligráfica para comprobar si Eduardo Lacasta está cobrando en metálico decenas de alquileres de otros tantos pisos que están a nombre de empresas de testaferros.