Los desahucios por alquiler en la ciudad suben un 5% este año y ya se han solicitado 1.327
Las ejecuciones hipotecarias sí se reducen un 18%, pero aún se tramitan casi mil al año.
Raquel de la Riva, de esta plataforma, denuncia que las medidas puestas en marcha hasta ahora por las administraciones para evitar los desalojos o dar una vivienda social a quienes los sufren"son claramente insuficientes" y asegura que la ocupación de viviendas "sigue aumentando". No obstante, remarca que Stop Desahucios no está ocupando viviendas ni animando a afectados a que lo hagan: los casos se están presentando en su asamblea y ellos se están encargando de darles asesoramiento legal.
Este es el caso de tres de las ocho familias que viven en el edificio que han bautizado como La esperanza de El Gancho, en la calle Cerezo, y que la plataforma ha "recuperado". Su objetivo es que el banco malo, propietario del inmueble, no desaloje a los inquilinos y les deje vivir pagando una cuota adaptada a sus ingresos (todos están en paro).
Precisamente, la política que está defendiendo esta plataforma es que las casas vacías propiedad de la Sareb -entidad a la que algunos bancos transfirieron sus activos tóxicos- pasen al parque público de viviendas de cada comunidad autónoma, de forma que, a través de un alquiler social, se dé solución a las víctimas de desahucios y a familias desfavorecidas. Es lo que han defendido en las Cortes de Aragón.
Añade que el hecho de que Cruz Roja localizara hace unas semanas a 139 personas durmiendo en la calle -cuando en el recuento anterior se encontraron 186- "no se debe a que a la situación mejore, sino a que hay gente que, desesperada, ha decidido entrar en una casa vacía". El recuento global de Cruz Roja de este año elevó la cifra de personas sin hogar en Zaragoza hasta 342, incluyendo a las que están en centros de acogida y similares.
Los desahucios por alquiler suelen ser bastante más complejos que los hipotecarios ya que, con frecuencia, ocurre que la parte demandante es un particular cuyos principales ingresos vienen de este arrendamiento. Esta circunstancia ha hecho que la plataforma haya decidido no oponerse a ningún desalojo por alquiler que haya solicitado un particular. Pero sí movilizarse en el caso de que la administración competente -en este caso, la DGA- no le garantice al afectado una vivienda en régimen de alquiler social para que no corra riesgo de quedarse en la calle tras el desalojo. De la Riva remarca que la plataforma solo defiende a "deudores de buena fe en situaciones sobrevenidas por la crisis", lo que automáticamente descarta los desahucios de segundas residencias.
Por otro lado, el inicio de ejecuciones hipotecarias en los juzgados de Zaragoza registra una caída del 18% con respecto al año anterior, aunque aun así ya se han tramitado 950 en este ejercicio. El comienzo de este proceso judicial, sin embargo, no presupone que vaya acabar siempre en un lanzamiento, ya que antes el deudor puede saldar su deuda, llegar a un acuerdo con el banco, o que la entidad solicite la subasta del piso, pero no el desalojo de los inquilinos.