Así, el Ministerio Público no propondrá esta vez el archivo de la causa, pese a que sí lo hizo en dos ocasiones a lo largo del proceso judicial. Una de ellas se produjo a principios de 2013 a la vista del informe provisional de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, Ciaiac, –organismo dependiente del Ministerio de Fomento–, en el que se atribuía a un fallo mecánico el origen del trágico accidente. El fiscal, entonces, se adhirió al sobreseimiento provisional dictado por el juez instructor.

La Fiscalía de Teruel volvió a interesar el archivo de la causa cuando, a finales de 2013, la Audiencia Provincial desestimó los recursos presentados por familiares de las víctimas que se oponían al cierre del caso.

El cambio de posicionamiento del Ministerio Fiscal llega tras el estudio en profundidad del informe definitivo de la Ciaiac sobre las causas del accidente. Este organismo oficial concluye que el accidente se produjo por la evolución de un fallo de montaje de un servoactuador del helicóptero siniestrado –una pieza que facilita al piloto el manejo de los mandos– al no haber sido revisado tal y como ordenaban el fabricante del mismo y el de la aeronave.

Al igual que el juez instructor, la Fiscalía de la Audiencia de Teruel entiende que tras la lectura de este informe procede continuar con la investigación y depurar responsabilidades penales por una supuesta negligencia si es que las hubiera.

No obstante, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Teruel, Jesús Gargallo, advirtió ayer de que la continuación del procedimiento por la vía penal puede "eternizar" la resolución del caso y, por tanto, el cobro de indemnizaciones por parte de los familiares de los fallecidos.

El juez del Juzgado de Instrucción número dos de Teruel, Jorge Cañadas, ha acordado dirigir el procedimiento contra la empresas fabricantes de la pieza y del helicóptero, Woodward HRT y Bell Helicopter, ambas con su sede principal en Estados Unidos. Esto obliga a poner en marcha una comisión rogatoria internacional mediante la cual la Justicia turolense pedirá a la estadounidense su colaboración para esclarecer quién o quiénes debieron llevar a cabo la revisión programada para el servoactuador del aparato siniestrado.

"Este proceso puede tardar años" en resolverse, afirmó ayer el fiscal jefe de la Audiencia de Teruel. Existe, además, el riesgo de que cuando las acusaciones puedan dirigirse contra una persona en concreto, el caso haya prescrito al haber transcurrido demasiado tiempo.

Aunque los familiares de las víctimas aplauden la reapertura de la investigación, los términos en que el juez ha formulado esta medida tampoco les contentan del todo. Al menos tres familias afectadas por el accidente consideran que el procedimiento judicial debería dirigirse también contra la compañía que operaba en España con el helicóptero siniestrado, Inaer, y por ello han recurrido el auto judicial.

El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, Copac, ha recurrido igualmente la decisión del magistrado que instruye la causa al entender que el Juzgado debería aclarar también si existió responsabilidad por parte de Inaer y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, a su juicio, responsable de supervisar, inspeccionar y garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

Por su parte, la familia de otra de las víctimas pedirá que se nombre a un perito judicial que determine quién debió realizar la inspección al objeto de que se sepa qué es lo que ocurrió.