El Banco de España y la CNMV, señalados por su "permisividad" en el caso de Bankia

Rato afirma que no había posibilidad de engañar a los reguladores y las acusaciones pedirán más imputaciones

Rodrigo Rato y José Ignacio Goirigolzarri, en mayo de 2012.
El Banco de España y la CNMV, señalados por su "permisividad" en el caso de Bankia
ballesteros/efe

Madrid. Los lodos generados por el agujero de Bankia, que tuvo que ser rescatada con 22.424 millones de euros de las arcas públicas, han terminado por embarrar también a los órganos reguladores. Tras las irregularidades puestas de manifiesto el jueves en sendos informes periciales, tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fueron señalados ayer por su "permisividad" con las manipulaciones contables realizadas en el banco, al menos, durante los ejercicios de 2010 y 2011.


Fueron varios los frentes desde los que fueron criticados. El primero en hablar fue el señalado como principal responsable de esos desmanes, Rodrigo Rato, quien dirigió la entidad entre 2010 y mayo de 2012. En declaraciones a Onda Cero, negó la mayor –"no ha habido engaño" en la salida a bolsa de Bankia–, para luego añadir que "las circunstancias lo hacían imposible".


El expolítico metido a financiero se refería con ello a que, precisamente por el proceso de fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades regionales –que dio lugar a Bankia y a su matriz, BFA– y los preparativos de su estreno en el mercado, "estábamos cada semana con el regulador". "Estábamos absolutamente controlados", insistió, "siempre con uno o varios auditores" encima de las cuentas.


"Pensar que teníamos la mínima posibilidad de engañar a alguien me sorprende", reflexionó Rato, quien espera que ahora comparezcan los peritos ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el instructor del caso Bankia, a fin de ratificar su dictamen y "que podamos preguntarles todas las dudas". Es la misma pretensión que tiene el actual equipo gestor de Bankia, dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, que también cree que el instituto emisor "debería decir algo en todo esto".


"Reformulamos las cuentas de 2011 en apenas tres semanas siguiendo sus instrucciones", señalaron fuentes de la entidad, sorprendida porque ahora se les reproche que aquellos números "no respondían a la imagen fiel" del banco pese a que "se hicieron de su mano".


A Goirigolzarri y sus colaboradores se les reprocha "no haber informado adecuadamente" de las cuentas –con aparentes anomalías en la provisión de varias carteras de créditos y el cómputo de algunos deterioros– y tampoco haber dado todos los datos que se les requirieron.


La diferencia es que los "errores contables" del equipo de Rato –como los denominan los peritos– causaron un agujero de 4.570 millones de euros, mientras que Goirigolzarri supuestamente maquilló los balances para ocultar otros 1.192 en pérdidas por créditos morosos que correspondían a la etapa anterior. Por eso, las acusaciones personadas en el caso no tienen previsto pedir su imputación, al menos por ahora.


Las primeras en manifestarse fueron ayer las que ejercen UPyD y la asociación de usuarios de banca Adicae –la Fiscalía aún no se ha pronunciado–, que solo pedirán que testifique para "aclarar" por qué "siguió los mismos criterios" que su antecesor. Su responsabilidad parece "política y técnica", no penal, señaló el abogado de dicho partido, Andrés Herzog, quien sí le reprochó que hubiera "encubierto, disimulado o dulcificado" las cuentas de Rato, a quien acusó de cometer, cuanto menos, "defectos técnicos graves" de los que no alertó el auditor de Deloitte, por lo que reclamará su imputación.

Fernández Ordóñez

Y dado que esas ‘equivocaciones’ no fueron descubiertas por el Banco de España pese a tener a varios inspectores ‘empotrados’ en la entidad –como suele ocurrir con los grandes bancos–, pedirá al juez que cite como imputado al gobernador de esa época, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a quien Adicae solo ve como testigo. Lo mismo solicitará para el expresidente de la CNMV, Julio Segura, pues dio luz verde a la salida a bolsa pese a las anomalías.


Una de ellas –según los peritos– es que solo la sospechosa concurrencia de hasta 29 grupos económicos –algunos "dependientes" del grupo BFA-Bankia–, que invirtieron más de 1.200 millones de euros en títulos, permitió alcanzar por los pelos el mínimo exigido por el regulador para el tramo institucional.


Poco importó que poco después muchos vendieran sus participaciones, porque ya se había conseguido que más de 347.000 pequeños inversores compraran. Sin embargo, el informe pericial abre ahora la puerta a que puedan reclamar su dinero presentando demandas de nulidad en la vía civil.