Los trabajadores del hospital de Jaca no están de acuerdo con las condiciones laborales en las que se integrará este centro sanitario perteneciente al Consorcio Aragonés de Alta Resolución (Casar) en el Servicio Aragonés de Salud y así lo mostraron ayer con una concentración a las puertas del centro sanitario jaqués. La plantilla quiere que se le reconozca los derechos que lograron en 2005 cuando gran parte de ella obtuvo un puesto de trabajo tras superar una oposición planeada por el Ayuntamiento y la DGA para que, una vez llegado el momento, pasaran a ser personal público.

La presidenta del comité de empresa, Maica Antón, explicó ayer que el anteproyecto presentado el pasado lunes por el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, y el director gerente del Casar, Javier Font, "puede ser anticonstitucional, porque vulnera derechos de ciertos trabajadores que en su día los adquirieron a través de un concurso oposición con la garantía de igualdad, capacidad, mérito y publicidad". Este aspecto no está contemplado en la nueva ley que será llevada la primera semana de diciembre al Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior debate en las Cortes, por lo que los trabajadores aseguran que "crea inseguridad y vulnerabilidad de la plantilla". "No entendemos que si vamos a pasar a trabajar en el Salud, el personal no sea público", añadió.

Cabe recordar que los trabajadores de los cuatro centros del Casar (Jaca, Ejea, Tarazona y Fraga) pasarán a la red pública sanitaria en las mismas condiciones, puestos y modalidades contractuales que tienen ahora. En total son unas 400 personas, de las cuales 155 trabajan en el hospital de Jaca, que han accedido a sus puestos de manera diversa. En el caso de los trabajadores laborales con contrato indefinido, se quedarán como personal laboral dentro del Salud, con plaza a extinguir en el momento de su jubilación o abandono voluntario de la misma. Los interinos, por su parte, seguirán como personal eventual hasta que su plaza se cubra por concurso oposición, igual que ocurre ahora en el Salud. Por lo tanto, los trabajadores del Casar, una vez que se integren en el Servicio Aragonés de Salud, no serán funcionarios o estatutarios. El que quiera adquirir esa condición, tendrá que hacer una oposición, tal y como se explicó el pasado lunes.

La presidenta del comité insistió en que hay personal que ha pasado un proceso selectivo "para una supuesta integración que iba a producirse en 2006 y para lo que se convocaron unas oposiciones con tal fin, y así se nos comunicó a los trabajadores". "Tenemos la sensación de que somos fruto de los errores políticos y queremos la integración, pero con las garantías que pedimos y que se mantenga o incluso que se amplíe la cartera de servicios", añadió Antón. Es decir, que exigen que todo aquel que ha pasado procesos selectivos sea personal laboral público. Temen que si no, esto pueda afectar a la cartera de servicios ya que para ellos "está parejo". "Si se toman determinadas medidas respecto a los trabajadores, la oferta se puede ver alterada", indicó la presidenta del comité.

Más acciones

La concentración celebrada ayer a las puertas del hospital jaqués es el principio de una serie de acciones. Según aseguró Maica Antón, "esto no lo vamos a dejar a dejar así, vamos a luchar hasta el final para lograr lo que nos merecemos por justicia".

En la mañana de ayer el comité de empresa también se reunió con el alcalde de Jaca, Víctor Barrio, al que le explicaron las dudas que tienen sobre la ley que se pretende aprobar en diciembre. "Les he pedido que me lo den todo por escrito, cosa que harán hoy, y yo mañana o el sábado he quedado con el consejero de Sanidad para llevarle la solicitud, mediar e intentar solucionar las cosas", apuntó el primer edil. "Soy alcalde de Jaca y tengo que defender a mis vecinos, así que intentaremos que el personal pase al Salud en las mejores condiciones posibles", concluyó Víctor Barrio.