Las arcas autonómicas han comenzado a ingresar, por fin, los más de 27 millones de euros que adeudan varias grandes superficies, que decidieron no abonar el impuesto que grava el daño medioambiental que causan. Los impagos se acumulan desde 2006 hasta 2013 y tienen que ver con discrepancias en la autoliquidación de este tributo o con la negativa de estos contribuyentes a abonarlo. De esta forma, en un plazo de entre seis y ocho años abonarán tanto el importe del impuesto en sí como las sanciones correspondientes y los intereses de demora.

Hay que recordar que varias de estas grandes superficies y medio centenar de diputados del PP recurrieron el tributo ‘verde’ ante el Tribunal Constitucional, pero el año pasado este lo avaló. Hasta entonces, el Ejecutivo autonómico nunca logró recaudar el dinero que consignaba en los presupuestos. Desde este año, la situación se ha regularizado y la Consejería de Hacienda, que dirige Javier Campoy, ha pactado un calendario de pagos de esta deuda que acumulan varias grandes superficies desde hace siete años.

En total, suman más de 27 millones y ya se han completado los primeros plazos. Los abonos están avalados por lo que, en caso de nuevos impagos, se ejecutarían las garantías. Además de ponerse al corriente de sus deudas, las grandes superficies han ido desembolsando también los pagos de este año en el tiempo estipulado.

69 empresas pagan el tributo

Según una comparecencia del exconsejero de Hacienda José Luis Saz en junio del año pasado, son 69 las empresas que tienen que pagar este tributo. Entonces, cifró los impagos en 17,5 millones aunque -aludiendo al secreto tributario- eludió concretar el nombre y el número de deudores. El exconsejero solo detalló que en 2011 se había llevado a cabo una inspección en la que había aparecido una bolsa de contribuyentes que no habían autoliquidado este tributo ‘verde’.

El Gobierno aragonés hizo una liquidación de todos los años pendientes (de 2006 a 2009) y descubrió cuotas por valor de 9,3 millones, a los que se sumaron 4,5 por sanciones. En 2012 se hizo lo propio respecto a 2010 con el resultado de 2,2 millones de cuotas pendientes y 1,5 de sanciones. Y en 2013 se analizaron el resto de años con un cómputo final de más de 10 millones de euros de impagos por parte de estos contribuyentes.

Precisamente, en 2013 se presupuestaron 10,5 millones y se reconocieron ingresos por valor de 16.

En 2014, se consignaron 11 millones y el avance de liquidación de este ejercicio ya apunta un reconocimiento de ingresos de 5,8. Para 2015, la DGA prevé ingresar 10,8 millones.

¿A quién afecta este impuesto? Este tributo pretende gravar el daño ambiental causado por las grandes áreas de venta, entendidas como aquellas en las que su superficie de venta al público supera los 500 metros cuadrados. En concreto, se recauda por el impacto que genera el uso de instalaciones y el tráfico desarrollado en los establecimientos comerciales. La superficie engloba tanto la venta como la que se dedica a otros usos diferentes y el aparcamiento que depende de la zona de venta.

Este impuesto fue instaurado por el Gobierno PSOE-PAR, pero 50 diputados del PP y varias grandes superficies presentaron un contencioso ante el Tribunal Constitucional. En abril de 2013, desestimó el recurso. El fallo dictaminó que este impuesto a las grandes superficies "no supone un obstáculo a la libre circulación de personas y bienes que sea desproporcionado respecto del fin que se persigue".

Además, el plenario consideró que el impuesto "no ha producido (...) el efecto de limitar sustancialmente que empresarios que actúan en este sector comercial en otras comunidades autónomas se radiquen también" en territorio aragonés.