El juez imputa al empleado de Acciona que tramitó el viaje de los Becerril a Brasil

Los últimos informes aportados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, en los que se confirma que la sociedad pública Plaza pagó cantidades millonarias por obras que nunca se hicieron y que su exgerente Ricardo García Becerril fue favorecido con viajes de lujo de los que se benefició toda su familia, han llevado al juez instructor del caso a llamar a declarar a las personas que conocieron o tuvieron participación en estos hechos.

En principio, el próximo 11 de diciembre interrogará como imputado a José Luis Albendea, administrativo de Acciona ya jubilado que se encargó de tramitar los pagos del viaje de ocho días que García Becerril hizo en verano de 2006 junto a su mujer y sus dos hijas y que costó 19.000 euros.

La Policía ya llamó en su día a José Luis Albendea como imputado por un delito de cohecho, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar. Ahora el juez tratará de que el trabajador de Acciona retirado le explique los pormenores de aquel viaje. Sobre todo, porque los agentes consideran que se trató de una "dádiva" recibida por García Becerril por "actos u omisiones" que pudo realizar como gerente de Plaza en favor de la UTE Acciona-MLN que hizo las obras. No obstante, dejaban abierta la puerta a la posibilidad de que el regalo se tratara de una "consideración" por el cargo que desempeñaba.

Durante el viaje de lujo cofinanciado por Acciona y la consultora madrileña Spim, que trabajó también para Plaza, no se escatimaron gastos. Tanto García Becerril como su esposa e hijas -todos imputados en el caso Plaza por presunta malversación y otros delitos supuestamente cometidos durante las obras de urbanización de la plataforma logística- volaron en clase ‘business’, se hospedaron en hoteles de cinco estrellas en Salvador de Bahía y Río de Janeiro, participaron en todo tipo de actividades y excursiones y tuvieron comidas y cenas de lujo. El viaje de ocho días salió a 2.375 euros por jornada.

Respecto a esta cuestión, interrogará también, aunque como testigo, a Francisco Javier Lozano, de la agencia de viajes Orienta 7 Mares (ya desaparecida) que organizó la visita de la familia a Brasil. La Policía detectó una serie de correos electrónicos en el ordenador de Becerril en los que indicaba a Orienta 7 Mares que 6.000 euros debía cargarlos directamente a Spim y el resto, a Acciona.

La esposa de su amigo

El juez ha citado también como imputada a María Luisa Roca Sánchez, esposa de Miguel Ángel Cantero Molés, aparejador, empresario y amigo personal de Ricardo García Becerril, que se encargó de intermediar en las reformas de lujo que el exgerente hizo en su apartamento de Salou y en la vivienda de sus suegros en San Mateo de Gállego. Estas obras fueron facturadas a la UTE de Plaza.

Cuando el juez encargó un informe a la UDEF sobre las cuentas del matrimonio, se descubrió que María Luisa Sánchez es propietaria de cuatro viviendas, ocho garajes o trasteros y un local, alguno de ellos compartido al 50% con su marido. La Policía concluyó que este patrimonio difícilmente lo ha podido reunir con su sueldo como trabajadora de un centro sanitario y cree que lo ha hecho en connivencia con su marido y que este ocultó sus ganancias irregulares poniendo las propiedades a nombre de su mujer.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1, José Ignacio Martínez, ha llamado ese mismo día 11 a declarar como testigos al jefe de topografía de la UTE Acciona-MLN, Jaime de Prado, y a su homólogo en la dirección facultativa de la obra, Gregorio Nuño, de la consultora de ingeniería Intecsa-Inarsa.

Estos dos responsables testificaron ante los agentes de la UDEF el pasado mes de marzo y sus explicaciones arrojaron bastante luz sobre los procedimientos de medición de las obras durante la urbanización de la plataforma logística y, especialmente, sobre las que se certificaron y cobraron por parte de la UTE Acciona-MLN a la sociedad pública y no se hicieron.

De esta forma, la Policía pudo comprobar -como ya apuntaba el informe pericial elaborado por EID Consultores- que al menos hay ocho obras fantasma por las que se pagó 6,4 millones de euros. Pero ese informe llega a cifrar el desfase presupuestario de la urbanización del complejo logístico en 167 millones de euros.

En la lista se incluyen cuatro estacionamientos que deberían ocupar más de 50.000 metros cuadrados; doce bajantes de la denominada balsa número 2; dos trabajos de saneamientos que sumarían 272.977 metros cúbicos de tierra; y un moderno sistema de videovigilancia para todo el complejo logístico.