José Antonio García Pascual, gerente y jefe del área de Mantenimiento de Administrador de Infraestructuras (ADIF) en Aragón, y el técnico Miguel Ángel Muñoz han quedado en libertad con cargos después de declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ambos están imputados por un delito de cohecho por recibir presuntamente regalos de la empresa Fitonovo, radicada en Sevilla, por amañar contratos con esta empresa para trabajos de limpieza y desbroce de las vías destinados a evitar incendios.

El técnico Miguel Ángel Muñoz prestó declaración el martes por la tarde en la comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza y dijo que, por su cargo en el ADIF, no tenía poder para contratar a la empresa Fitonovo ni a cualquier otra, según fuentes jurídicas. Además, manifestó que llevaba cuatro años jubilado de la empresa pública. Durante el interrogatorio le preguntaron por contratos firmados con la empresa sevillana desde 2005 hasta que se jubiló.

El gerente del área de Mantenimiento del ADIF quedó ayer en libertad también con cargos por haber favorecido presuntamente contratos públicos con Fitonovo. Declaró ante los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración y fue interrogado por los contratos con dicha empresa sevillana durante su mandato en el ADIF. Asimismo, le preguntaron sobre los regalos recibidos a cambio por las contratas, como las pastillas viagra que mencionó el administrador de Fitonovo, Juan Antonio González Baró, en su testimonio el pasado abril ante la juez Alaya.

"Numerosos contratos"

Fuentes ferroviarias confirmaron ayer que el ADIF ha firmado "numerosos contratos" con la empresa Fitonovo en los últimos años en Aragón. En algún caso era para ampliar el plan integral contra incendios, una función que llegó a ejecutar en todo el sur de España, y en otros se ocupaba del vallado de las vías. Ayer estaba cerrado el despacho del gerente de Mantenimiento en la cuarta planta del edificio situado en la antigua estación del Portillo.

En cuanto a la responsabilidad de José Antonio García Pascual, que está en el cargo desde 1996, con los dos partidos que han gobernado el país, fuentes del ADIF precisaron ayer que se trata de un jefe de área que solo tiene a su cargo el mantenimiento de las vías, pero no tiene potestad sobre otros departamentos como patrimonio, estaciones o comunicaciones.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado a declarar a los dos imputados de Zaragoza la próxima semana. En la Operación Enredadera hay siete trabajadores del ADIF implicados: cuatro gerentes en Zaragoza, Valencia, Sevilla y Córdoba y dos técnicos.