El PP aprueba inversiones extra por su Estatuto para tres autonomías y rechaza las de Aragón

Introducen en el Presupuesto las obras que pide el PSOE en Baleares, Extremadura y Castilla y León, mientras votan en contra de las aragonesas. Dicen que el apoyo fue "por error".

El Congreso de los Diputados aprobó ayer mejorar las inversiones en tres de las comunidades con Estatutos de Autonomía llamados de última generación. Los territorios agraciados fueron Extremadura, Baleares y Castilla y León. Sin embargo, se quedaron fuera Aragón, Cataluña y Andalucía.


El Estatuto de Aragón incluye una disposición por la que la inversión estatal debería "ponderar" los efectos que tiene la despoblación, el envejecimiento y la dispersión en el territorio. Sin embargo, este año la parte que recibe Aragón de los Presupuestos del Estado no va a alcanzar ni siquiera el 4% del dinero que se reparte entre las 17 autonomías.


La inclusión ayer de partidas extra para otras autonomías con Estatuto con cláusula de inversiones se produjo gracias a varias enmiendas del PSOE, que fueron aprobadas por el PP. Desde el PP se aseguró que todo era un fruto de un error y que se subsanaría en el Senado. Sin embargo, el "error"no ha sido excluir las inversiones en Aragón -entre las que destacaban más fondos para el Canfranc, Teruel y los desdoblamientos- sino haber aceptado el de las otras tres comunidades. En caso de que quieran quitar las obras extra aprobadas para Castilla y León, Baleares y Extremadura, el PP deberá solicitarlo expresamente en el Senado, circunstancia que en caso de que suceda generará problemas en esos territorios.


Desmarque en el Senado


Por otro lado, el pleno del Senado aprobó definitivamente la ley de Parques Nacionales y lo hizo con el voto en contra del PAR. El senador aragonesista José María Fuster aseguró en el pleno de la Cámara Alta que "no vamos a permitir que la coordinación de la Red de Parques Nacionales convierta la gestión exclusiva de la Comunidad en una competencia compartida con el Estado".


La nueva ley sustituye a la norma que se aprobó durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que cedió numerosas competencias sobre la gestión de los parques nacionales, como el de Ordesa y Monte Perdido, a las Comunidades Autónomas, motivado por una sentencia del Tribunal Constitucional.


También se pronunció la senadora del PAR de Huesca, Belén Ibarz, quien consideró que la nueva ley "generará incertidumbres, evidentes repercusiones para el área territorial de influencia socioeconómica de cada uno de los parques, en nuestro caso en la comarca del Sobrarbe". Además, avisó que podría reabrir "disputas competenciales que parecían cerradas".