Las Cortes envían al fiscal el dictamen que pone en cuestión la gestión de CAI

Las Cortes de Aragón acordaron ayer por unanimidad enviar al fiscal el "duro y crítico" dictamen que cuestiona la gestión de CAI desde el año 2000, elaborado por la comisión de investigación y al que el pleno le dio su visto bueno. La decisión se ha adoptado pese a que el propio informe apunta que tras el análisis de la documentación y las declaraciones de los más de 40 comparecientes "no se han detectado infracciones penales" al margen de los hechos que ya investiga un juzgado de Zaragoza.

El debate del dictamen se alargó durante una hora y media, que aprovecharon los vocales de la comisión para resumir los 242 folios del dictamen, adelantado ayer por HERALDO DE ARAGÓN. Todos ellos acudieron a las propias conclusiones del dictamen para resumir en cuatro grandes ejes la polémica gestión de la entidad financiera: "la excesiva autoridad, poder y capacidad de decisión concentrada en la dirección general de la caja; el nulo carácter ejecutivo, escasa dedicación e implicación en la gestión y control de la entidad de los órganos de administración de CAI; la total ausencia de alertas tanto de carácter interno como externo y el desmedido riesgo inmobiliario".

Los integrantes de la comisión -Marian Orós (PP), Florencio García Madrigal (PSOE), Antonio Ruspira (PAR), Gregorio Briz (CHA) y Luis Ángel Romero (IU)- coincidieron en distinguir entre los cargos ejecutivos y los empleados de la caja. Así, reconocieron al "excelente y muy eficiente equipo humano" que estuvo al frente del negocio financiero minorista y lamentaron, especialmente Romero, la "merma de sus condiciones laborables" y los recortes de plantilla. En este sentido, el dictamen hace especial mención a "la existencia de incertidumbre ante nuevos procesos de regulación de empleo".

La coincidencia también fue unánime a la hora de destacar el acuerdo alcanzado por los diputados. Marian Orós señala que el dictamen sobre la gestión de CAI demuestra que "si se quiere, es posible llegar a acuerdos" y supone una clara advertencia al Banco de España, al Gobierno y a los directivos de las cajas para que "tomen buena cuenta y no se repita en el futuro" la situación con otra entidad financiera.

Florencio García Madrigal fue el más incisivo y descarnado de todos a la hora de enjuiciar el "expolio" que hubo en la entidad hasta el punto de provocar más de 1.400 millones de euros de pérdidas, lo que llevó a concluir que la comisión de investigación hacía "una condena integral a la gestión corporativa de CAI. "Los ciudadanos han tenido que soportar un fiasco económico de algunos irresponsables, que se han llenado los bolsillos". A su juicio, todo se debió a la fiebre de plusvalías que contaminó a la sociedad y especialmente a la caja. "Cuando se salió de su territorio y negocio natural, la pifió y sus empleados fueron los que salvaron in extremis el fiasco", sentenció.

Antonio Ruspira enfatizó que el dictamen era "complicado, crítico, duro y contundente, sin ánimo de atacar a nadie, sino de reflejar la realidad". En su intervención trasladó su malestar por el hecho de que este diario adelantara las conclusiones del dictamen, que ni conocían el resto de parlamentarios por la pretensión de la comisión de investigación de mantenerlo en secreto hasta después de la votación. El mismo malestar trasladaron sus compañeros.

Por su parte, Gregorio Briz censuró la "codicia" y "opacidad" de la cúpula de la entidad y la "magnífica desidia" en los órganos de control y supervisión. Especialmente duro fue con la doble caja que se creó, CAI Inmuebles, una sociedad que llegó a tildar de "instrumento perverso".

Luis Ángel Romero consideró que el testigo de la comisión debería cogerlo ahora la Fiscalía. "Concluye el trabajo parlamentario, pero debería comenzar otro, que es arduo, pero que no puede quedar sólo en las denuncias que hasta la fecha han ocurrido".