"Hay medidas ante los cambios en el Centro de Inserción Laboral del Psiquiátrico"

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha señalado que se han previsto medidas de transición ante el cambio de adjudicatario del proyecto del Centro de Inserción Laboral del Psiquiátrico, ubicado en el barrio de las Delicias de Zaragoza, "para que no afecte a los usuarios".

En respuesta a dos preguntas parlamentarias de la diputada de CHA, Carmen Martínez, en el pleno de las Cortes autonómicas, Oliván ha sostenido que "nadie puede decir que la adjudicataria", la Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, "va a gestionar mal".

Además, ha añadido, "va a haber un seguimiento y control por parte de la Administración" y un proceso de transición "para que no haya ningún efecto negativo sobre un colectivo especialmente sensible" como son los enfermos mentales.

Oliván ha remarcado que "no desaparece el proyecto", sino que pasa a ser gestionado por otra entidad, también una fundación, como la anterior, y ha explicado que la directora del centro "que sigue estando ahí" va a ser la "garante de que los cambios no afecten a los usuarios".

Además, "las dos empresas han colaborando en octubre para facilitar esa transición" y ha apuntado que "si se produce algún cambio, será para mejorar y se hará de manera progresiva para evitar cualquier impacto" en los pacientes. Requisitos

El consejero ha sostenido que los pliegos de condiciones para la adjudicación "marcan los requisitos materiales y humanos, que han sido aceptados por todas las empresas y entidades que se han presentado".

Respecto al nuevo gestor, ha dicho que al sumar todos los criterios que se establecían, "la entidad más valorada no es la que antes era adjudicataria de este recurso" y ha aclarado que si bien "prevalecen" los criterios económicos sobre los técnicos porque así lo que "dice la ley", "se valoran muchas otras cuestiones".

Entre ellas, ha mencionado los protocolos, los programas relacionados con la plantilla y capacitación profesional, la implantación de un sistema de calidad y modelo

empresarial, el incremento de profesionales, la ampliación del horario y la disposición de centro especial de empleo. Subasta

La diputada de CHA Carmen Martínez ha comentado que este proyecto debe ser gestionado por entidades porque "la Administración no tiene capacidad suficiente para dar respuesta a estos servicios" y ha lamentado que su adjudicación "convierta a estos contratos en una subasta", donde "se lo lleva el mejor postor", cuando se trata de atender "a colectivos muy vulnerables".

Asimismo, ha criticado que tenga "más peso" la cuestión económica que la intervención y que los pliegos no definan cuestiones como las acciones que se van a realizar y los talleres y que no incluyan la obligación de subrogar al personal.

A su entender, la nueva empresa "no tiene experiencia en trabajar con personas con enfermedad mental", mientras "desaparece un proyecto que llevaba 18 años" y que "ha dado buenos resultados" y tenía continuidad en otro prestado por la misma asociación en el citado centro por lo que ha estimado que "sí va a tener afecciones" en los usuarios.

Martínez ha esgrimido que finalmente "impera el criterio mercantilista, utilizando la fórmula del más barato se lo lleva", para opinar que "no se puede tratar de la misma forma la adquisición de material que la prestación de servicios y eso está haciendo el Gobierno en este caso y en muchos más".