El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado con la unanimidad de PP, PSOE, PAR, CHA e IU el dictamen elaborado por la Comisión de Investigación parlamentaria creada para analizar la gestión de Caja Inmaculada (CAI) desde el año 2000, en el que, entre otras conclusiones, se señala el "poder excesivo" de la estructura directiva y el "desmedido" crecimiento del negocio inmobiliario.

Las conclusiones precisan que la entidad asumió "un incremento exponencial del riesgo" en el negocio inmobiliario "muy por encima de una posición lógica acorde con el tamaño de la Caja y excediendo por completo los límites de una gestión financiera prudente, ocasionándose además un desequilibrio muy acusado entre el negocio minorista tradicional de la CAI y el inmobiliario".

Respecto al minorista, se recalca que la gestión del mismo "realizada por el equipo humano de la CAI fue excelente y muy eficiente, logrando un continuo crecimiento" y "alcanzando una importante cuota en el mercado aragonés", "intentando evitar en todo momento la utilización o comercialización de herramientas o productos nocivos perjudiciales para los intereses de los clientes de la entidad".

El dictamen también menciona el "marcado carácter personalista, autoritario y poco participativo" de la dirección ejecutiva y la "absoluta autoridad jerárquica de la dirección general, no sujeta a revisión periódica alguna".

La comisión de investigación sostiene, igualmente, que la estructura del análisis de riesgos existente en la CAI "se ha revelado claramente insuficiente por razón de las grandes pérdidas económicas producidas", que ascienden a los 1.400 millones de euros e indica que no se creó hasta mediados de 2010 un departamento de análisis de riesgo global con la necesaria autonomía e independencia.Nulo carácter ejecutivo

Las conclusiones evidencian también que los órganos de administración y control de la CAI, como son la presidencia, el consejo de administración, los comités ejecutivos delegados y la comisión de control, han tenido "nulo carácter ejecutivo, escasa dedicación e implicación en la gestión de la entidad y su control".

Además, afirma que hubo una "total ausencia de alertas", tanto de carácter interno, por parte del equipo directivo, la dirección general y las auditorías internas, como externo, desde el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las empresas de tasación, las agencias de calificación y las auditoras.

En este sentido, se considera que el Banco de España "no alertó hasta finales de 2007, una vez concluido el periodo de expansión de la Caja, de los elevados niveles de riesgo que estaba asumiendo", mientras que el Gobierno de Aragón "no incidió directamente en la gestión realizada por la CAI, ni aprovechó el papel de tutela que la normativa le atribuía" para "interferir así en la gestión y de la entidad y condicionar sus decisiones empresariales".

Respecto a los órganos internos de control, se apunta que hubo una "falta de autonomía, independencia y desempeño efectivo" porque estaban "en situación de dependencia jerárquica y funcional de la dirección general de la entidad".

El dictamen estima que la política de retribuciones e indemnizaciones de la CAI "ha sido desigual, desproporcionada y poco transparente" en lo que respecta al equipo directivo, con pensiones vitalicias y remuneraciones variables "que servían para establecer una red clientelar", con "una notable falta de principios éticos en algunos casos".

Asimismo, opina que en el periodo de gestión analizado "se produjo un abandono de los valores propios de la Caja". En total, el informe recoge 53 conclusiones y cuatro acuerdos, que se han elaborado tras 33 reuniones, 25 de ellas deliberativas y secretas y ocho de comparecencias, a las que acudieron 39 personas, mientras que otras cuatro fueron por escrito.A la Fiscalía

La comisión de investigación precisa en sus conclusiones que "pese a que, tras el análisis pormenorizado de la documentación" y de la información facilitada "no se han detectado indicios de infracciones penales --al margen de los hechos que ya están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza--", se ha acordado trasladar el dictamen y la documentación al Ministerio Fiscal para el ejercicio, si procediera, de las oportunas acciones.

Igualmente, se propone a la Comunidad autónoma "que ejerza de manera efectiva y responsable", en coordinación con el Banco de España y los organismos correspondientes del Estado, la competencia que, en materia de protección y control de las cajas de ahorro --hoy fundaciones bancarias-- le confiere el Estatuto de Autonomía y la legislación correspondiente.

Además, reclama reformas legales para que las comisiones parlamentarias de investigación puedan acceder a la documentación que consideren precisa, sin más límite que el carácter secreto que deban mantener de los documentos que se les proporcionen.

En este punto, el dictamen subraya la limitación que ha supuesto para su trabajo que la CAI no haya remitido toda la documentación requerida, como tampoco lo han hecho el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La comisión también ha acordado enviar el dictamen al Gobierno de Aragón, al Ministerio de Economía, al Banco de España, al FROB, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), a la Fundación CAI, a la Fundación Caja Círculo, a la Fundación Caja Badajoz, a la Fundación Ibercaja, a Ibercaja Banco, así como a todas las personas que han comparecido.Que no se repita

La diputada del PP, María Ángeles Orós, ha explicado que "si se quiere, es posible llegar a acuerdos", en este caso respecto a un documento que muestra líneas de acción para que Banco de España, Gobierno y directivos de las cajas, "tomen buena cuenta y no se repita en el futuro" una gestión en una entidad que se desvió de sus valores por un "exceso de ambición y falta de prudencia", pero que desde el mes de octubre ha iniciado una nueva etapa al integrarse en Ibercaja, un "banco aragonés fuerte y consolidado".

El parlamentario del PSOE, Fernando García Madrigal, ha recalcado los 1.400 millones de euros "de expolio en una caja local" que ha hecho que los ciudadanos "hayan soportado un fiasco económico de algunos irresponsables, que se han llenado los bolsillos" y ha sostenido que "la gente pide que devuelvan lo que se llevaron".

Antonio Ruspira, del PAR, ha subrayado el acuerdo unánime en un dictamen "complicado, crítico, duro y contundente, sin ánimo de atacar a nadie, sino de reflejar la realidad" y con el objetivo de "transmitir un mensaje de credibilidad a la sociedad, cogiendo el toro por los cuernos", para lamentar, como coordinación de la ponencia, la filtración del dictamen a la prensa, cuando se acordó que no transcendiera hasta este jueves.

El diputado de CHA, Gregorio Briz, se ha felicitado por un acuerdo unánime que "sienta un precedente de que una comisión de investigación puede hacer un trabajo riguroso", para estimar que, cuando por "codicia", "no hay control ético, tiene que haberlo administrativo e institucional", que "está faltando" y ha lamentado que "nadie se hace responsable" de las "pérdidas cuantiosas" que ha sufrido la CAI.

En representación de IU, Luis Ángel Romero, ha manifestado que "concluye el trabajo parlamentario, pero debería comenzar otro, que es arduo, pero que no puede quedar sólo en las denuncias que hasta la fecha han ocurrido", ha dicho en relación con el envío de la información a la Fiscalía y ha manifestado que la Comunidad autónoma "tiene suficientes competencias" para "proteger y responsabilizarse de lo que hace una entidad financiera domiciliada en Aragón".