Nueva marcha atrás del Gobierno central del Partido Popular. Si en las últimas semanas se frenaron los proyectos de reforma de la Ley del Aborto, o la de Parques Nacionales entre otros, ahora le ha tocado rectificar a Hacienda, con motivo del IRPF.

En concreto, el Ejecutivo planeaba un severo castigo fiscal a la venta de viviendas usadas, en especial a aquellas adquiridas antes de 1995. La fórmula no era otra que la supresión de los coeficientes de abatimiento y la actualización monetaria. O lo que es lo mismo, un ataque a las plusvalías generadas entre el precio de compra y el de venta que multiplicaría el desembolso en impuestos si el propietario decide vender su inmueble a partir del 1 de enero de 2015.

Por ejemplo, si un particular había adquirido su piso en 1985 por un importe de 8 millones de pesetas (48.000 euros) y lo vendía este año por 220.000 euros, debería pagar en concepto de tributos 10.000 euros. Sin embargo, si esa misma operación la realizase a partir de enero, la cifra se elevaría hasta los 34.400 euros, es decir, un 245,3% más.

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro defendió que la única intención del Gobierno al suprimir estos dos conceptos era introducir mayor equidad en el sistema, porque no considera "lógico" que las plusvalías generadas por la venta de una vivienda se trataran de forma distinta en función de cuándo se había comprado la vivienda. 

Ante esta situación, las voces críticas -sector inmobiliario, oposición, la Defensora del Pueblo...- no se hicieron esperar y presionaron al Gobierno para rectificar en el debate que se ha llevado a cabo esta semana en el Senado. En Aragón, según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), más de un millón de propiedades se verían afectadas por esta medida (684.000 solo en la provincia de Zaragoza), y hasta 31 millones en todo el país, entre pisos, locales, oficinas, trasteros o garajes.

“Es una aberración”, asegura Fernando Baena, presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Aragón (COAPI). A su juicio, el sector inmobiliario ya “está lo suficientemente castigado fiscalmente como para aprobar esta reforma”.

De ahí que el Ministerio de Hacienda haya decidido tender la mano en el debate con la oposición e intentar rebajar la tensión. Según fuentes del sector, esta marcha atrás pasaría por mantener los coeficientes de abatimiento para aquellas plusvalías inferiores a 400.000 euros, lo que reduciría notablemente el número de afectados.

Prisas por vender

Sin embargo, la simple amenaza ha alterado en los últimos meses el mercado. Como explica desde Gestha Salvador Faura, “hemos visto que mucha gente está adelantando la transmisión en forma de donación a un familiar, para luego vender la propiedad con el valor ya actualizado, de manera que la diferencia con el precio de venta sea la mínima posible”.

Se trata de una fórmula en auge en los últimos años de crisis económica ante la dificultad de acceso a una vivienda, sobre todo por parte de la población más joven.

Pero también se ha optado por el camino más rápido: rebajar el precio más de lo previsto para efectuar la venta antes de fin de año. “Como todavía no está claro qué va a pasar, no ha cundido mucho el nerviosismo”, asegura Baena, pero confirma que “ya ha habido personas que han preferido bajar el precio para vender cuanto antes”.

Ahora queda esperar a la tramitación de las diferentes propuestas de la oposición y ver hasta qué punto el Gobierno da marcha atrás o mantiene su postura inicial. La votación tendrá lugar la semana que viene.