Tres detenidos más en Valencia y Granada por la trama de exportación de medicinas

Tres personas de Valencia y Granada han sido detenidas esta semana por orden del juez del Juzgado de Instrucción número tres de Teruel, Jerónimo Cano de la Sala, dentro de la investigación abierta para esclarecer el funcionamiento de una supuesta trama de exportación ilegal de medicamentos que ha salpicado ya a 15 farmacias aragonesas, ocho de la provincia de Teruel y siete de la de Zaragoza.

Los detenidos, probablemente empleados de empresas distribuidoras de medicinas o de almacenes de estos productos sanitarios, serán puestos a disposición judicial en las próximas horas. Aunque lo más seguro es que todos ellos declaren ante el juez instructor del caso el próximo lunes, tampoco sería descartable que lo hicieran durante este fin de semana en el juzgado turolense que se encuentre de guardia.

Mientras, la Guardia Civil ha alertado al Ministerio de Sanidad de que España se ha convertido en uno de los principales exportadores de medicamentos por métodos ilegales y de que las farmacias constituyen uno de los principales proveedores de medicinas destinadas al comercio internacional fuera del circuito legal de distribución.

En un informe elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil y remitido a mediados de este mes a la Subdirección General de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, se indica que la disparidad de precios entre España y otros países de la Unión Europea ha generado el desarrollo de estructuras empresariales que, implantadas en todo el territorio nacional, distribuyen y exportan medicinas "al margen de los controles sanitarios".Más margen de beneficio

La Policía cree que existe un "plan preconcebido" con el fin de "maximizar los márgenes de beneficio en la venta de medicamentos a clientes internacionales". Añade que esta distribución irregular se apoya en algunas oficinas de farmacia que actúan como distribuidores de compras realizadas a laboratorios farmacéuticos y almacenes mayoristas, así como en el empleo fraudulento de recetas públicas.

El informe indica que los delegados comerciales de estos grupos de distribución ilegal ofrecen a los boticarios una contraprestación económica por facilitar la venta de medicamentos sujetos a prescripción médica. Destaca, además, que a aquellas farmacias que aceptan actuar como proveedores de dichos grupos, se les facilitan programas específicos de contabilidad con un sistema de encriptación que oculta la gestión de sus transacciones comerciales.

La Guardia Civil sostiene, en base a sus indagaciones, denominadas como operación Convector, que en las recetas falsas se utilizan identidades de pacientes reales que no son destinatarios de esa medicación para obtener los productos de forma ilegal. Por este método se habrían defraudado a los servicios de salud de algunas de las comunidades autónomas afectadas "cientos de miles de euros". Añade que las recetas habrían sido falsificadas por médicos "a cambio de regalos, viajes o pagos en metálico". Alemania, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Austria y Grecia, serían los principales destinos de los medicamentos españoles.

La investigación advierte de que estas prácticas ponen en peligro el abastecimiento de medicinas en España, donde los laboratorios farmacéuticos introducen en el mercado una cuantía de medicamentos proporcional a los pacientes que hay. Añade que esta distribución no puede garantizar la calidad de los productos ante el riesgo de incumplimiento de condiciones de conservación y transporte.