La Junta analiza si es posible recurrir al Tribunal Supremo la sentencia del copago
Sáez Aguado, consejero de Sanidad de la Junta, ha explicado en Soria que el servicio jurídico de la Junta está barajando esta posibilidad.
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha reafirmado este viernes la intención de la Junta de no aplicar el copago hospitalario y ha explicado que el servicio jurídico de la Junta está analizando la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Supremo.
Sáez ha realizado estas declaraciones en Soria después de que este jueves se conociera que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso planteado por la Junta para no aplicar el copago de los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales a pacientes crónicos ambulatorios, tal y como exigió el Ministerio de Sanidad en septiembre de 2013.
El consejero de Sanidad ha avanzado que el Gobierno regional no dará ningún paso nuevo tras conocerse la sentencia, "salvo el análisis jurídico para valorar si es posible hacer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo".
Además, ha apuntado que la Junta de Castilla y León considera que, a diferencia del copago de los medicamentos a través de receta que se modificó, el copago hospilatario "no es razonable", fundamentalmente porque afecta a pacientes con enfermedades graves y "es imprescindible que sigan realizando esos tratamientos".
En su opinión, el copago hospitalario no aporta prácticamente nada en ahorro y en sostenibilidad del sistema.
"Nuestra posición es mantener el estatus que tenemos en estos momentos", ha subrayado.
En cuanto al copago sanitario, ha resaltado que tenía carácter progresivo y ha permitido generar algunos ahorros en el capítulo de gastos en medicamentos y que "nos pareció un esfuerzo razonable".
Por ello, ha pedido que el copago hospilatario no se aplique.
Por otra parte, Sáez ha avanzado que el decreto para regular las unidades de gestión clínica está en la fase final, tras recibir informe del Consejo Consultivo, "por lo que en muy pocas semanas estará aprobado por el Consejo de Gobierno".
"Nosotros hemos reforzado esas garantías desde el punto de vista que las unidades de gestión clínica forman parte de la atención primaria y por lo tanto son recursos públicos y los profesionales van a mantener su vinculación y no es ninguna experiencia para privatizar", ha apuntado.
