El vertido de lindano que desde hace un mes mantiene a cinco municipios sin poder beber del grifo ha vuelto a poner de actualidad el problema, hasta ahora latente, de la contaminación del Gállego. Sin embargo, los datos de la CHE muestran que en Aragón hay al menos otros 12 ríos que en alguno de sus tramos rebasan los límites que la legislación ambiental impone a las sustancias peligrosas de origen industrial y a los plaguicidas. Normalmente, esos compuestos no afectan a la calidad del agua de boca como lo está haciendo el insecticida almacenado en el vertedero de Bailín. Sin embargo, sí dañan la flora y la fauna de esos ecosistemas fluviales, ya que, además de tóxicos, son persistentes y bioacumulables.

En ese listado de cauces que incumplen la normativa ambiental están la mayoría de los principales ríos aragoneses: el Ebro, el propio, Gállego, el Cinca, el Jalón, el Martín, el Arba... Otros, como el Alcanadre, el Vero o algunos barrancos, son más secundarios. No obstante, hay que aclarar que el exceso de contaminantes químicos no suele afectar a todo su recorrido, sino a algunos tramos –normalmente, los situados aguas abajo de algún polo industrial o los que recogen los retornos de los grandes sistemas de regadío–.

Dicho esto, también se debe tener en cuenta que el número real de cauces con concentraciones excesivas de sustancias peligrosas puede ser aún mayor, ya que la Confederación Hidrográfica del Ebro solo controla los tramos en los que le consta que hay –o ha habido– vertidos. Por eso no puede descartarse que existan otros ríos con problemas, sobre todo si son de menor tamaño. Dos redes de vigilancia

Desde hace años, la CHE dispone de dos redes de vigilancia: una para los vertidos de origen industrial –que monitoriza las conocidas como sustancias peligrosas– y otra para los plaguicidas agrarios, herbicidas e insecticidas que no proceden de una tubería concreta, sino que tienen un origen difuso y llegan a los cauces a través de las escorrentías.

En el caso de las sustancias peligrosas, los informes anuales que elabora la Confederación muestran que en los últimos cinco años –entre 2009 y 2013– siete ríos aragoneses han sufrido concentraciones excesivas de estos compuestos tóxicos, ya sea en sus aguas o en los peces que las habitan –también se analizan los sedimentos del fondo, aunque en ese caso la legislación no marca límites–.

Uno de esos cauces es el Gállego, que tanto aguas abajo de Sabiñánigo como a la altura de Villanueva incumple la normativa ambiental en compuestos como el lindano, el mercurio, el selenio o el hexaclorobenceno –una sustancia peligrosa utilizada en las industrias químicas y metalúrgicas–.

En el Ebro, aguas abajo de Zaragoza y a su paso por Sástago, la CHE ha detectado niveles ilegales de mercurio y nonilfenol –un componente habitual de los detergentes–. El tramo bajo del Jalón, a su paso por Grisén, incumple los umbrales de selenio, mercurio y nonilfenol. Y el Huerva, cuando atraviesa la capital aragonesa, presenta excesos de selenio, zinc, níquel y nonilfenol. El listado de cauces con concentraciones de sustancias peligrosas superiores a las permitidas lo completan el Cinca aguas abajo de Monzón, el Vero a la altura de Barbastro y el Martín en Montalbán –en los tres casos, por mercurio–.

En cuanto a los plaguicidas, que también son tóxicos, persistentes y bioacumulables y que solo se miden en el agua, los registros de la Confederación indican que en el periodo 2009-2013 en Aragón ha habido seis cauces que han incumplido los umbrales fijados para estos compuestos de uso agrario. En todos los casos, se trata de ríos que recogen los retornos de miles de hectáreas de regadíos.

El cauce más afectado por los herbicidas y los insecticidas es el Flumen a su paso por Sariñena, punto en el que la CHE ha detectado niveles ilegales de clorpirifós, terbutilazina y metolacloro. Cerca de allí, en el clamor Amarga de Zaidín, se han medido concentraciones excesivas de clorpirifós y terbutilazina, y también ha habido problemas con los plaguicidas del barranco de La Violada, en Almudévar –por endosulfán y metolacloro–;en el de Valcuerna, en Candasnos –por clorpirifós y terbutilazina–;en el río Alcanadre, en Ontiñena; en el Arba, a su paso por Tauste;y en el Jalón, a la altura de Grisén –en los tres últimos casos, por clorpirifós–.Umbrales muy estrictos

La Confederación reconoce la necesidad de seguir mejorando el estado químico de los ríos. No obstante, sus responsables siempre subrayan que la legislación ambiental sobre sustancias peligrosas y plaguicidas es muy estricta, por lo que resulta difícil cumplir los umbrales. Además, la CHE recuerda que muchos de los compuestos tóxicos que se detectan en niveles excesivos se prohibieron o se redujeron a la mínima expresión hace ya tiempo. Sin embargo, su persistencia y el hecho de que sean bioacumulables provocan que aún

sean un problema y que lo vayan a seguir siendo durante años.