El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Comercio de Aragón destinado a salvaguardar el interés comercial con la mínima intervención pública y que derogará la Ley de 1989 con las reformas introducidas en ella hasta la fecha.

El proyecto de ley, que será remitido ahora a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria, deja fuera todo lo relativo a los horarios comerciales, apertura en festivos y actividad ferial, que se regula en la normativa específica, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el titular de Industria, Arturo Aliaga, quien ha destacado que este texto se ha trabajado con el máximo consenso y participación.

Además de las cuestiones relativas al registro de la actividad comercial, el texto se ocupa de los establecimientos comerciales e incluye el concepto de establecimientos comerciales no permanentes para recoger modalidades de venta que se han popularizado en los últimos años, como las ventas automáticas y las ambulantes.

Se establece también normativa especial sobre algunas modalidades de venta como el comercio electrónico, la venta de artículos fuera de temporada o la venta de bienes de segunda mano.

Respecto a las grandes superficies comerciales, el proyecto de ley sigue considerando como tales a aquellas que tengan una superficie mayor a los 2.500 metros cuadrados, que estarán sujetos a licencia comercial por parte del departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de comercio como hasta ahora.

El texto establece las causas en las que fundar una negativa a una nueva gran superficie comercial.

La Ley regula también distintas actividades promocionales (ventas promocionales, a pérdida, con prima, en rebaja, en liquidación, de saldo o con descuento) para evitar la competencia desleal, asegurando las buenas prácticas en el ejercicio del comercio y eliminando trabas al comerciante. Se mantiene su libre decisión para establecer las temporadas y periodo de la venta en rebajas.

El texto regula además la función inspectora y el régimen de infracciones -que podrán ser leves, graves y muy graves- y las correspondientes sanciones, que podrán ir desde el simple apercibimiento o multas de hasta 600.000 euros para las infracciones muy graves.

El proceso de elaboración de este proyecto de ley comenzó en diciembre de 2012 y ha recibido informes de diferentes organismos como el Consejo Económico y Social, el Consejo Aragonés de Cámaras, las tres Cámaras de Comercio e Industria, el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios, el Consejo Consultivo de Aragón o los Departamentos del Gobierno de Aragón que pudieran verse afectados.