La DGA asume que habrá que establecer "protocolos más estrictos" en el futuro

La directora general de Calidad Ambiental admite en las Cortes que ya se han planteado si se debían haber aplicado medidas más restrictivas durante el traslado de residuos en Bailín

Pilar Molinero habla con Joaquín Períbañéz (PAR) antes de comparecer ayer en las Cortes.
La DGA asume que habrá que establecer "protocolos más estrictos" en el futuro
Oliver Duch

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón sigue defendiendo que se cumplió al pie de la letra el protocolo establecido para evitar riesgos de contaminación durante el traslado de los residuos de lindano del viejo vertedero de Bailín (Sabiñánigo) al nuevo vaso, pero la directora general de Calidad Ambiental, Pilar Molinero, reconoció ayer que tras los vertidos al Gállego, ya se han planteado "establecer protocolos más estrictos en el futuro". Lo hizo en la comisión de Medio Ambiente de las Cortes, ante la que compareció, a petición del propio consejero Modesto Lobón, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en Bailín y las afecciones causadas al río.


Molinero afirmó, no obstante, que el plan elaborado para los trabajos "se ha cumplido durante toda la obra". "Se han llevado a cabo bajo estrictas medidas de control y conservamos todos los registros que así lo atestiguan", afirmó, al tiempo que insistió en que los niveles de contaminación registrados estaban "por debajo de los límites autorizados".


Sobre el posible origen de la contaminación del cauce, reiteró que "salvo días concretos por tormentas", las mediciones llevadas a cabo en el barranco de Bailín arrojaron cifras inferiores a las permitidas. En esos casos aislados, dijo, los valores se rebajaron en los siguientes análisis. Eso sí, reconoció que en septiembre hubo "dos picos" que podrían deberse al "proceso de arrastre por tormentas fuera del control de la propia obra". A ello pudo unirse "la remoción de la contaminación histórica" de la cuenca, así como el calor, el menor caudal del río y el aumento del consumo de agua en verano. 


Todo ello "ha podido ir acumulando valores por encima de los permitidos" en los abastecimientos a los seis pueblos que desde finales de septiembre no pueden beber del grifo, si bien Molinero supeditó la validez de estas hipótesis a los resultados de la investigación abierta "para saber qué ha producido esta lamentable situación". Pero consideró "descartado" que el origen sea la obra de Bailín.


La directora general desgranó todas las medidas que se adoptaron para transportar 419.000 toneladas de residuos, de las que 65.000 eran restos de lindano y el resto tierras contaminadas, detalló. 


Y pese a lo ocurrido, resaltó que los controles activados permitieron detectar la contaminación en el testigo instalado en Ardisa "y tomar medidas ante la población". Ello ocurrió mes y medio después de que Salud Pública tomara las primeras muestras de agua no apta para el consumo, pero los análisis encargados a la Confederación Hidrográfica del Ebro se demoraron hasta mediados de septiembre, lo que derivó en un cruce de acusaciones entre el Ejecutivo y el organismo de cuenca. A ello se sumó el expediente sancionador de la CHE contra la DGA por superar durante el traslado los vertidos autorizados, algo que el Departamento de Medio Ambiente niega.Muchas dudas en la oposición

A estos enfrentamientos se refirió ayer la oposición, que también coincidió en mostrar sus dudas sobre lo ocurrido en las obras y sobre la coordinación entre las administraciones a la hora de dar la voz de alarma sobre los problemas en el agua de boca.


"Usted dice que el traslado se ha hecho correctamente y la CHE, que no", espetó a Molinero el socialista Alfonso Vicente. Reconoció que era un trabajo "muy complicado", pero "ha sido un desastre". "Si no se detectó la contaminación, o falló el protocolo o falló la comunicación", criticó.


Joaquín Palacín, de CHA, exigió "acabar con este espectáculo bochornoso y lamentable de cara a los ciudadanos". También reclamó "buscar otros focos de contaminación en el monte de Sabiñánigo y actuar de forma global". Y recordó las quejas de los ecologistas sobre el desarrollo de las obras y de los vecinos por los olores, "mucho más habituales" en estos meses. A este respecto, la directora general de Calidad Ambiental, que no ocultó "las tensiones que a veces provocan estas situaciones complicadas", reconoció que a la consejería llegaron protestas que fueron "atendidas y explicadas". 


Miguel Aso (IU) dijo que "cuando se genera esta bola por un problema de falta de seguridad en el agua de boca, alguien debería pagarlo", y pidió que comparezca Lobón. Cuestionó si el expediente de la CHE "es una pataleta política para cubrirse las espaldas". 


Ante ello, Joaquín Peribáñez (PAR) le respondió que este organismo –que preside su compañero Xavier de Pedro– "tiene obligación" de investigar si hubo un vertido ilegal y reprochó que "al parecer las tormentas no se comunicaron a la CHE", aunque insistió en que "no es cuestión de echarse la pelota de uno a otro". 


Por su parte, el popular José Manuel Cruz alegó que "no se falta a la verdad", si bien "la información no siempre ha sido coherente, fruto de la investigación". Y acusó al PSOE de "irresponsabilidad" por "jugar a confundir y convertir una medida preventiva –la prohibición de beber– en un problema de salud pública". Pidió la "colaboración leal de todos los grupos" en este asunto, pero también "explicaciones y transparencia".