La empresa FCC negó ayer que durante los trabajos de desmantelamiento del vertedero de Bailín (Sabiñánigo) y la operación de traslado de los residuos de lindano a una celda de seguridad, se produjera "cualquier anomalía". FCC Ámbito, una división de Fomento de Construcciones y Contratas, consiguió el contrato en una UTE con Adiego Hermanos (tienen el 60% y el 40%, respectivamente). 

"Hemos revisado todos los protocolos, procesos y procedimientos y no hemos encontrado nada anormal", señalaron fuentes de la empresa, que estos días ultima los trabajos en Bailín para cubrir la celda de seguridad donde se depositaron casi 200.000 metros cúbicos de suelos contaminados. FCC ha trabajado bajo la supervisión de la empresa pública Sarga, a la que se encomendó la dirección de obra. 

El Gobierno de Aragón ha encargado dos investigaciones, una interna y otra externa, para verificar si el desmantelamiento se hizo de acuerdo a las condiciones ambientales exigidas. Además, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha abierto un expediente sancionador contra el Gobierno de Aragón tras constatar que los vertidos al barranco de Bailín superaron los niveles permitidos en tres ocasiones en el mes de septiembre. En paralelo está la denuncia presentada en la Fiscalía.

Las mismas fuentes de FCC recordaron que la compañía está trabajando en el proyecto para eliminar la contaminación química del embalse de Flix (Tarragona), consistente en la extracción de las toneladas de lodo almacenadas en el fondo, su tratamiento, transporte y vertido en un depósito controlado, una obra valorada en 200 millones de euros.

El de Bailín es más modesto: se adjudicó, en julio de 2013, por 5,7 millones de euros. Y si ahora la obra resulta polémica al haberse detectado elevadas dosis de lindano en el agua del Gállego, con anterioridad los trabajos ya sufrieron numerosos contratiempos. La celda de seguridad llevaba más de dos años acabada cuando empezó el traslado de los residuos. Era la principal infraestructura del vertedero (un gigantesco depósito con una superficie semejante a dos campos de fútbol, una altura de hasta 25 metros y 13 capas aislantes), rodeada de balsas de control y una estación de clasificación de residuos. Esta primera fase la hizo otra contratista, la UTE Bailín (Urbaser, Marcor Ebro y Geocisa). Inicialmente debía encargarse también de la segunda fase (la del desmantelamiento), pero las discrepancias por sobrecostes con el promotor hicieron que se rescindiera el contrato y las dos partes acabaron en los tribunales. 

Además, el retraso en la operación de traslado provocó el deterioro de las láminas de protección de la celda, que estuvieron dos años a la intemperie. El Gobierno de Aragón tuvo que gastarse más de un millón de euros en repararlas aún antes de estrenarse. 

Por si fuera poco, la UTE Bailín aportó varios informes sobre la seguridad que cuestionaban tanto la estabilidad del vaso ante un posible deslizamiento de la ladera como las condiciones de impermeabilidad.